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La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile -a través de solicitudes a empresas de telecomunicaciones- ha intentado menoscabar la protección de datos, vulnerando el derecho a la privacidad.

La empresa china Huawei, que actualmente es de las líderes en venta de celulares y tiene una presencia importante en equipamiento de redes físicas e inalámbricas alrededor del mundo, ha enfrentado serias rupturas con el mercado estadounidense ¿Qué implican estas rencillas para quienes consumimos tecnología?

La reciente firma del sucesor del TLCAN, deja en claro que el libre comercio internacional sigue siendo una prioridad sin importar los derechos humanos, incluidos los del ámbito digital.

La Convención sobre Ciberdelincuencia creada en el año 2001, fue ratificada por el Estado paraguayo a finales del 2017. Esta convención internacional aborda las conductas delictivas que se cometen a través de internet y a su vez la persecución penal transfronteriza de los mismos y así reducir la incidencia de “refugios seguros” para el cibercrimen.

Es necesario que la aprobación del Convenio de Budapest en Colombia no solo se trate de la simple criminalización de conductas, sino, también, de reflexionar sobre otro tipo de intervenciones que son necesarias para proteger los derechos de las personas en el contexto digital

Una reforma adecuada permitiría que los mecanismos para la investigación penal aseguren la correcta guía y salvaguarda de los derechos humanos y garantías procesales reconocidos por tratados internacionales y la Constitución.

El Convenio de Budapest es un instrumento internacional que busca homogeneizar la manera en que los diversos países contratantes abordan y definen la “cibercriminalidad”. Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos Estados los responsables de la comisión de este tipo de delitos?

Es necesario mirar con ojo crítico la forma en que la adhesión y acondicionamiento al Convenio de Budapest modifica las estructuras que juegan algún rol dentro de la ciberseguridad en Perú. Este proceso debe ser construido sobre evidencia empírica, con participación amplia de diferentes sectores y no simplemente emular modelos que se superpongan a la realidad nacional.

Esta semana lanzamos el informe ¿Quién defiende tus datos?, cuyo objetivo es evaluar las políticas de privacidad de las distintas empresas de telecomunicaciones en Chile. Pero no solo las empresas tienen la capacidad de recolectar, tratar y eventualmente abusar de nuestros datos personales, y por eso deberíamos preguntarnos hasta qué punto la sociedad civil, el Estado y la legislación se comprometen en defender nuestros datos. Vamos por partes.