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Una nueva ley en El Salvador regula por primera vez la criptomoneda Bitcoin, con el propósito de integrarla formalmente a la economía del país como moneda de curso legal. Al escepticismo por esta clase de activos, se suma así la suspicacia por las reales intenciones del gobierno, y por los efectos que pueda tener en el país y en la región.

En su cuarta versión, el reporte constata una mejora generalizada de las prácticas de las compañías en comparación a años anteriores.

Sin la debida fiscalización, la normativa se transforma en letra muerta, relegada a una formalidad que, en vez de aportar transparencia respecto a la campaña política, solamente genera más dudas.

Una red donde no es posible enlazar deja de ser una red para convertirse en fragmentos aislados de información dispersa.

La propuesta de un senador mexicano para regular las redes sociales genera preocupación sobre el modelo normativo que podría imponerse en América Latina.

La libertad de expresión, además del derecho al acceso al conocimiento y la cultura, se enfrentan a nuevas dificultades para su ejercicio en línea en la región.

La Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico plantea tanto la posibilidad de otorgar protección internacional a la autodeterminación informativa, como la de minar los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de sus datos personales.