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El estudio, titulado El uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica, analiza el modo en que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador utilizaron la tecnología para contener la pandemia, desde una perspectiva del derecho a la privacidad.

El domingo 24 de octubre de 2021, en Montevideo, tuvo lugar la apertura de la campaña de referéndum por el SÍ a derogar 135 artículos de la oficialista Ley de Urgente Consideración (LUC), un ambicioso programa de gobierno privatizador y neoliberal. Uno de los momentos que acaparó mayor atención y aplausos durante la lectura de la proclama fue la defensa de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, que ocupa la mayoría de la oferta en el rubro y que posee la mejor imagen de marca en la población.

A primera vista, el texto revela defectos formales que hacen sospechar que al proyecto no se le dedicó todo el tiempo debido. Estas sospechas se incrementan tras una lectura detallada de la propuesta, que solo puede ser caracterizada como precipitada y que, en vez de ponerle coto a los potenciales abusos cometidos por las plataformas digitales, tienen un enorme potencial para dañar el ejercicio de derechos fundamentales.

Una nueva ley en El Salvador regula por primera vez la criptomoneda Bitcoin, con el propósito de integrarla formalmente a la economía del país como moneda de curso legal. Al escepticismo por esta clase de activos, se suma así la suspicacia por las reales intenciones del gobierno, y por los efectos que pueda tener en el país y en la región.

En su cuarta versión, el reporte constata una mejora generalizada de las prácticas de las compañías en comparación a años anteriores.

Sin la debida fiscalización, la normativa se transforma en letra muerta, relegada a una formalidad que, en vez de aportar transparencia respecto a la campaña política, solamente genera más dudas.