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La moderación de contenidos en internet y la regulación de las plataformas digitales son problemáticas complejas que llevan años siendo discutidas. Sin embargo, siguen apareciendo propuestas que parecen no dimensionar la complejidad del fenómeno ni tomar en consideración la experiencia pasada. Una de estas propuestas es el proyecto de ley chileno, un pésimo precedente para la región cuya discusión podría retomarse en las próximas semanas.

En cuestión de días, se concretó en Brasil la amenaza de bloqueo judicial de una popular aplicación de mensajería, para luego revertirse cuando la plataforma adoptó algunas medidas. ¿La razón? La propagación de desinformación, en un contexto político polarizado.

El Tribunal Superior Electoral aprobó varias reglamentaciones en el contexto electoral de 2022 para evitar la viralización de noticias falsas. Entre varias disposiciones, el organismo se encuentra realizando convenios con las principales plataformas de comunicación. ¿Es esto el camino a la solución, o el inicio de nuevos problemas?

La vida en internet se ha vuelto aun más importante que los vaticinios tecnoptimistas de principios de siglo. Por la misma razón, defender la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los derechos a la protesta y participación en línea se hizo aún más fundamental.

El 4 de octubre de 2021 dejaron de funcionar los servicios de las tres plataformas de internet más utilizadas en el mundo: Facebook con 2.8 mil millones de usuarios activos, Instagram con mil millones y WhatsApp con más de 2 mil millones. Todas tienen en común que pertenecen a la empresa Meta, nuevo nombre para la antes conocida Facebook Inc. Este fallo masivo debe invitar a reflexionar sobre la concentración de los servicios de comunicación en internet.

El estudio, titulado El uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica, analiza el modo en que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador utilizaron la tecnología para contener la pandemia, desde una perspectiva del derecho a la privacidad.

El domingo 24 de octubre de 2021, en Montevideo, tuvo lugar la apertura de la campaña de referéndum por el SÍ a derogar 135 artículos de la oficialista Ley de Urgente Consideración (LUC), un ambicioso programa de gobierno privatizador y neoliberal. Uno de los momentos que acaparó mayor atención y aplausos durante la lectura de la proclama fue la defensa de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, que ocupa la mayoría de la oferta en el rubro y que posee la mejor imagen de marca en la población.