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Hace algunas semanas, el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria de Uruguay, Guzmán Acosta y Lara, anunciaba en televisión el lanzamiento de la campaña “Todos contra la piratería”, con el objetivo de evitar (y bajar) las transmisiones ilegales en vivo y on demand en redes sociales.“El 17% de los contenidos que se retransmiten en Uruguay son ilegales. Si se consideran solo los eventos deportivos, el 89% de los contenidos se retransmite de forma irregular”, indicó.

En 2020 un hackeo masivo a la Direccion Nacional de Identificación Civil de Uruguay puso en manifiesto las vulnerabilidades y carencias del estado uruguayo en cuanto a ciberseguridad y manejo de datos personales. Un pedido de informes, contestado casi dos años después, deja más dudas que respuestas.

El proceso de la app Coronavirus.uy evidencia algunos riesgos en la protección de los datos de las personas: “la rapidez en el despliegue implicó la no participación pública en el diseño y la no evaluación formal de impactos de los sistemas de procesamiento de datos”, afirma Dina Yael en el informe “El caso Coronavirus.uy” impulsado por Derechos Digitales.

El domingo 24 de octubre de 2021, en Montevideo, tuvo lugar la apertura de la campaña de referéndum por el SÍ a derogar 135 artículos de la oficialista Ley de Urgente Consideración (LUC), un ambicioso programa de gobierno privatizador y neoliberal. Uno de los momentos que acaparó mayor atención y aplausos durante la lectura de la proclama fue la defensa de Antel, la empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, que ocupa la mayoría de la oferta en el rubro y que posee la mejor imagen de marca en la población.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

La reconversión obligada del trabajo y el estudio en “teletrabajo” y “telestudio” impone sobre la infraestructura de telecomunicaciones una serie de necesidades nuevas. ¿De qué manera están respondiendo los gobiernos y los proveedores de conexión a internet a estas nuevas exigencias? Revisamos el caso de Chile, México y Uruguay

La semana internacional del Open Access nos recuerda el nivel de posibilidades que ofrece internet para la creación y la difusión del conocimiento y las ciencias. También, que una comunidad fuerte de expertos y activistas puede permitir el progreso de las ciencias a pesar de las restricciones de propiedad intelectual y de la avanzada por criminalizar ciertas formas de acceso al conocimiento.