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Nuevamente se hace necesario abrir el tema sobre la propuesta de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines en Venezuela, resaltando la opacidad del proceso y los riesgos que representa para las organizaciones de la sociedad civil en el país y las implicaciones en la reducción del espacio cívico.

Es necesario mirar con ojo crítico la forma en que la adhesión y acondicionamiento al Convenio de Budapest modifica las estructuras que juegan algún rol dentro de la ciberseguridad en Perú. Este proceso debe ser construido sobre evidencia empírica, con participación amplia de diferentes sectores y no simplemente emular modelos que se superpongan a la realidad nacional.

Los desarrollos más recientes en materia de derecho al olvido en la región muestran a la sociedad civil resistiendo ante el avance de una tendencia hacia la pérdida de la memoria y contra el acceso a la información.

Una empresa israelí-estadounidense vendió al Gobierno peruano un software para vigilar comunicaciones privadas a cambio de 22 millones de dólares, según una reciente revelación de la prensa. La empresa también tiene negocios en Brasil, Colombia, Ecuador y México. Con los marcos actuales, es muy poco lo que se puede hacer para garantizar que estos programas no sean usados para violar derechos humanos y perseguir a disidentes.