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La violencia contra periodistas en México se mantiene con índices tan altos como para mantener al país entre los más peligrosos -a nivel mundial- para ejercer esta profesión. A pesar de esto, no existen medidas ni políticas públicas que permitan frenar y penalizar efectivamente el uso de tecnologías para vigilar, amedrentar y atacar a quienes ejercen la libertad de expresión.

Tras las exigencias de justicia por los casos de violaciones cometidas por policías en la Ciudad de México, se llevó a cabo una movilización de mujeres en diferentes estados del país. Los medios de comunicación -ante la presión política y la potencia de las manifestaciones- mostraron polarización en sus coberturas; mientras que en las redes sociales activistas, periodistas y colectivas feministas fueron atacadas.

Para cumplir con la promesa de su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por habilitar una empresa gubernamental -filial de la Comisión Federal de Electricidad- que fue anunciada con el nombre de “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”

La reciente reunión entre el Presidente de México y el CEO de Facebook reaviva la conversación en torno a las políticas públicas para garantizar el acceso a internet y asegurar el respeto a los derechos de las personas mexicanas en los entornos digitales.

¿Cuál es el rumbo que tomará la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto a la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales? Para cumplir con las promesas de su gobierno, es momento de acabar con la incertidumbre.

Después de varias semanas, sigue vigente la conversación en torno a las denuncias públicas que han surgido a raíz de nuevos casos que se enmarcan en el contexto de la segunda ola del #MeToo en los medios mexicanos y las redes sociales.

El cambio de gobierno se enfrenta al reto de analizar, continuar e implementar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que no incorporó una perspectiva de derechos humanos ni de género a pesar de que es uno de sus ejes transversales.

Nuevas revelaciones en el caso #GobiernoEspía reviven el debate en torno al abuso de tecnologías de vigilancia por parte del Estado mexicano, después de varios años de incesantes batallas en tribunales nacionales e internacionales para frenar la represión a la oposición política, periodistas y activistas en México.