Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

La propuesta de un senador mexicano para regular las redes sociales genera preocupación sobre el modelo normativo que podría imponerse en América Latina.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

En México se presentó la acción de inconstitucionalidad frente a las reformas para la implementación del T-MEC que habilitaban mecanismos de censura en internet y criminalización de usos legítimos de las tecnologías. Aunque esta es una gran noticia, aún queda tramo por recorrer para defender los derechos humanos también en los entornos digitales.

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la constitucionalidad de estas leyes ante la Corte Suprema y a sus jueces a derogarlas.

Cuando los países en desarrollo participan en tratados internacionales, como es el caso de México en el TMEC, se debe respetar la soberanía de los procesos democráticos locales y garantizar que el bienestar público no será sometido a límites que pongan el interés comercial por encima del desarrollo social y los derechos humanos.

La reconversión obligada del trabajo y el estudio en “teletrabajo” y “telestudio” impone sobre la infraestructura de telecomunicaciones una serie de necesidades nuevas. ¿De qué manera están respondiendo los gobiernos y los proveedores de conexión a internet a estas nuevas exigencias? Revisamos el caso de Chile, México y Uruguay

Una serie de propuestas en torno a regulación digital amenazan el entorno de derechos humanos en México, ¿hasta cuándo mostrarán conciencia de estos impactos quienes toman las decisiones en el país?

En México se ha puesto a consulta pública un anteproyecto de ley que busca legitimar medidas abusivas que, menoscabando el interés público, benefician a los proveedores de acceso a internet y sus socios comerciales. Además esta ley abriría la posibilidad a que el gobierno use internet como una herramienta de censura y vigilancia de forma legítima y sin restricciones.

En años recientes, se han aprobado una serie de reformas a los códigos penales de distintos estados de México. Este mes, la Ciudad de México ha incorporado nuevos parámetros para regular la violencia contra mujeres que se manifiesta en los entornos digitales; sin embargo, frente a un discurso revictimizante y polarizado ¿cómo se han abordado las posibles amenazas a los derechos y libertades?