Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

Las recientes reformas legales en México consolidan un sistema de vigilancia biométrica que profundiza tendencias preocupantes en América Latina. Sin control ciudadano ni garantías democráticas, estos paquetes de leyes erosionan libertades, amenazan la privacidad y exponen, aún más, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Pese a innumerables críticas, el mecanismo de “notificación y retirada” recibió el aval reciente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en México. La medida trae riesgos al derecho al debido proceso y a la libertad de expresión y ya fue utilizado para silenciar opositores durante las elecciones recientes en el país.

En junio de 2024, se elegirán más de 20 mil cargos públicos en México. Las elecciones no solo traerán consigo una nueva presidencia de la república, sino una renovada conformación del Congreso de la Unión, gobernaturas, municipalidades, entre muchos otros cargos. Al ser las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, canales de difusión de información sobre el proceso electoral, nos cuestionamos qué acciones están llevando a cabo estas plataformas en colaboración con las autoridades para garantizar que su actuación sea transparente y fomente el combate a la desinformación.

Los riesgos que implica el ejercicio del periodismo en México y las diversas vulneraciones a las que están sometidas las personas que desempeñan esta función en el país están ampliamente documentadas y son más que conocidos por la comunidad internacional. La reciente filtración de una base de datos del gobierno mexicano pone énfasis en la falta de compromiso del Estado en implementar mecanismos de seguridad y protección a este grupo.

Desde el 2020, la Deepfake es considerada una de las amenazas criminales más serias de la inteligencia artificial y, aun cuando se han desarrollado sistemas que mediante ingeniería reversa pueden detectar la condición verdadera o falsa de un video, el daño reputacional que causa a las personas la circulación de material pornográfico simulado con sus características individuales es muy difícil de mitigar una vez que lo hecho ya está hecho.

Los discursos de odio son un reflejo de la violencia de la sociedad en América Latina. Lo vimos en Brasil con el caso de Marielle Franco y, reciententemente, en México con el crimen contra le magistrade Ociel Baena, una persona no binarie que fue víctima de un crimen de odio por defender los derechos humanos. Frente a la arremetida de mentiras y hostigamiento en plataformas digitales, abordamos estos casos para sumarnos al clamor por justicia, donde solo la unión y la visibilidad nos hará fuertes.

Durante cuatro días, en Ciudad de México, tuvo lugar el encuentro global de Creative Commons, organización sin fines de lucro y red internacional dedicada al acceso al conocimiento y a la expansión del rango de obras que puedan distribuirse y compartirse de manera legal, sin fronteras.

La Suprema Corte de México está a punto de juzgar casos que impugnan la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Con el pretexto de combatir la extorsión y los secuestros, se aprobaron cambios legales para condicionar el acceso a los celulares contra entrega de datos personales sensibles, de 88 millones de personas. ¿Qué está en juego?