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Una investigación publicada en días recientes por el periódico Nuestro Diario reveló que el gobierno guatemalteco habría gastado un total de 12 millones de dólares en la adquisición de un sistema tecnológico de vigilancia e intercepción de comunicaciones, comprado a partir del año 2012, y que posteriormente comenzaría a usar en el seguimiento ilegal de políticos, periodistas, activistas, empresarios y diplomáticos.

La iniciativa de ley 5239, contra actos terroristas, busca introducir y sancionar la figura del ciberterrorismo en Guatemala. Pero debido a una definición amplia y de límites difusos, periodistas y activistas temen que sea utilizada para perseguir y silenciar las voces dicidentes que se han alzado a través de las plataformas en línea.