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En cuestión de días, se concretó en Brasil la amenaza de bloqueo judicial de una popular aplicación de mensajería, para luego revertirse cuando la plataforma adoptó algunas medidas. ¿La razón? La propagación de desinformación, en un contexto político polarizado.

El Tribunal Superior Electoral aprobó varias reglamentaciones en el contexto electoral de 2022 para evitar la viralización de noticias falsas. Entre varias disposiciones, el organismo se encuentra realizando convenios con las principales plataformas de comunicación. ¿Es esto el camino a la solución, o el inicio de nuevos problemas?

Propuestas en torno a la trazabilidad de mensajes privados en Brasil siguen poniendo el riesgo la efectividad del cifrado para proteger la privacidad y la seguridad de las personas.

El inminente pronunciamiento sobre el uso de aplicaciones de comunicación con cifrado por parte de la más alta corte de justicia en Brasil constituye la más próxima expresión de una disputa global que puede comenzar a resolverse en América Latina.

El proyecto de ley evidencia un desconocimiento de las recomendaciones internacionales en la materia y una falta de madurez en el debate. Las medidas propuestas son desproporcionadas y van en sentido opuesto a la histórica demanda por disminuir las múltiples brechas digitales que afectan al país.

Mientras el gobierno federal aprovecha la emergencia de salud para retroceder en derechos fundamentales, estados y municipalidades desarrollan soluciones de control y vigilancia junto al sector privado, sin atender a principios de privacidad y protección de datos, y poniendo en riesgo a las poblaciones más vulnerables.

Más de diez años después de los primeros debates impulsados por el Ministerio de Cultura para la reformulación de la normativa sobre derechos de autor brasileña, una consulta pública lanzada por el gobierno de Bolsonaro parece indicar una nueva pauta de cambios regulatorios en la región.