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A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

Esta semana en Buenos Aires tuvo lugar la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países involucrados en la negociación fueron incapaces de llegar a consenso en los temas más controvertidos, y el hecho de que no pudieran emitir una declaración ministerial conjunta es visto como una señal del fracaso del evento. Sin embargo, algunos peligros subsisten.

Cualquier plan de seguridad pública debe contemplar el respeto de la privacidad de la ciudadanía. Es obligación del Estado proveer condiciones para el ejercicio de las libertades públicas de las personas.

En Argentina, la propuesta «Ley Nacional Contra la Discriminación» podría inhibir la crítica e impedir el libre flujo de ideas en internet. Con definiciones laxas y criterios de monitoreo estrictos, los derechos humanos corren riesgo.

Hace algún tiempo hay una peligrosa tendencia mundial que, por cierto, tiene cabida también en Latinoamérica: regulaciones que bajo el atendible pretexto de combatir la pornografía infantil en Internet, terminan afectando los derechos humanos de una enorme mayoría de usuarios. Argentina nos trae un nuevo caso.