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“No tenemos donde ir, somos como un área devastada” —cantaba Gustavo Cerati en la canción “Prófugos” de 1986 — “siempre seremos prófugos”. Lejos estaba de imaginar que durante mas de dos años la población argentina iba a ser vigilada con más de 9500 cámaras y un sistema de reconocimiento facial.

El caso de la implementación del reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires es paradigmático y servirá de lección para toda América Latina y otras regiones del mundo. Las indagatorias judiciales realizadas por la sociedad civil organizada plantean una cuestión de fundamental importancia: saber si las tecnologías de vigilancia masiva respetan o no los derechos humanos.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

Esta semana en Buenos Aires tuvo lugar la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países involucrados en la negociación fueron incapaces de llegar a consenso en los temas más controvertidos, y el hecho de que no pudieran emitir una declaración ministerial conjunta es visto como una señal del fracaso del evento. Sin embargo, algunos peligros subsisten.

Cualquier plan de seguridad pública debe contemplar el respeto de la privacidad de la ciudadanía. Es obligación del Estado proveer condiciones para el ejercicio de las libertades públicas de las personas.