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La reciente decisión del gobierno argentino de otorgar el control de la ciberseguridad a la Secretaría de Inteligencia del Estado marca un peligroso precedente para la región. Este modelo, lejos de proteger derechos, refuerza lógicas autoritarias en América Latina. La pregunta que ahora se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?

Se habilitó un nuevo marco de acción para la vigilancia de fuentes en línea. Su carácter de política enfocada en “labores preventivas”, reforzada a lo largo de toda la resolución, no quita los riesgos para la privacidad y para la libertad de expresión que implica una medida de estas características.

“El que corta, no cobra”, decía Javier Milei en su primer discurso como presidente argentino, hace algunas semanas. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué alcance tienen las nuevas medidas contra la protesta social? Y sobre todo ¿cómo han reaccionado las organizaciones sociales y la ciudadanía?

“No tenemos donde ir, somos como un área devastada” —cantaba Gustavo Cerati en la canción “Prófugos” de 1986 — “siempre seremos prófugos”. Lejos estaba de imaginar que durante mas de dos años la población argentina iba a ser vigilada con más de 9500 cámaras y un sistema de reconocimiento facial.

El caso de la implementación del reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires es paradigmático y servirá de lección para toda América Latina y otras regiones del mundo. Las indagatorias judiciales realizadas por la sociedad civil organizada plantean una cuestión de fundamental importancia: saber si las tecnologías de vigilancia masiva respetan o no los derechos humanos.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.