El Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia es un tratado internacional creado en el año 2001 e impulsado por el Consejo de Europa, con el objetivo de incrementar la cooperación internacional y generar marcos legales armónicos entre las naciones con el objetivo de hacer frente a los delitos informáticos y a la actividad criminal en internet.

Con casi 20 años de existencia, además de haber sido el primer tratado internacional en la materia, sigue siendo uno de los principales textos legales sobre cooperación internacional con fines de persecución penal y lucha contra el ciberdelito. Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana son los países latinoamericanos que han suscrito el Convenio, mientras que Ecuador, Guatemala, México y Brasil son observadores.

Recientemente se presentó el segundo protocolo adicional al Convenio y actualmente distintos países latinoamericanos están considerando su adhesión. Es en este contexto que publicamos “Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia en América Latina: Un breve análisis sobre adhesión e implementación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México”, una investigación sobre las diferencias en el proceso de adhesión de distintos estados latinoamericanos.

La investigación estuvo a cargo de Bruna Martins dos Santos, quien utilizó una técnica de investigación documental, además de la realización de entrevista con miembros de las organizaciones del consorcio Al Sur.

El estudio concluye que hay una serie de características comunes en los procesos de adhesión de los países analizados, incluyendo celeridad en la discusión de leyes y decretos, falta de transparencia, falta de participación de sectores relevantes y el uso de la necesidad de adecuación al Convenio de Budapest para promover reformas integrales de la legislación penal y procesal penal vigente. Como consecuencia, las reformas han puesto en riesgo el ejercicio de derechos ciudadanos, tales como el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales y el debido proceso.

Además del análisis, el estudio ofrece algunas recomendaciones dedicadas al diseño e implementación de políticas públicas en la materia, con un enfoque basado en la protección de los derechos humanos.

El estudio está disponible en castellano, inglés y portugués.