Mi primer PC, pero de verdad

Es hora del debate

En un mundo cada vez más pequeño gracias a la tecnología, donde el acceso a un computador marca la diferencia a la hora de informarse, aprender o encontrar un empleo, un programa como "Mi Primer PC" debería llenarnos de satisfacción. La idea gubernamental es loable: poner a disposición de las familias con menores ingresos un PC de bajo costo, con conexión a Internet, que se pueda cancelar en cuotas mensuales.

Y claro, así lo entendieron las miles de personas que se volcaron a las tiendas por la máquina, luego de ver por televisión al Presidente de la República dar su bendición a la iniciativa. Todavía tengo la imagen de un hombre, padre de familia, que al borde de las lágrimas agradecía en cámara tener aquella oportunidad...

Fue aquella ingenua honestidad la que nos remeció a tal punto, que el eterno meneo de cabeza con que nos conformamos cuando algo no nos agrada resultó insuficiente. Porque, dejando a un lado las buenas intenciones, "Mi Primer PC" es un programa cuyas falencias resultan tan evidentes que sólo las personas menos informadas en computación podrían tentarse en adquirir.

Lo que lamentablente, significa el grueso de nuestra población.

Veamos. La iniciativa destaca cuatro opciones de computadores entre 250 y 500 mil pesos, dotados con procesadores Intel Celeron, sistema Windows XP Starter Edition, cuatro horas de capacitación en Inacap, seis meses de garantía y conexión a Internet via VTR, por 11.900 pesos adicionales. También pueden ser cancelados hasta en 36 cuotas que parten en 9.900 pesos y he ahí su eslógan de campaña: "Obtén tu computador por 10 mil pesos mensuales".

Pero, al momento de lanzarse el programa, ¿no existían en las grandes tiendas equipos con un desempeño similar por el mismo precio? Y en efecto, aún hoy Falabella sigue promoviendo alternativas que incluyen un sistema operativo mejorado, garantía extendida e impresora HP de regalo, incluso a menor valor. Sólo busquen 'Packard Bell' y 'Commodore' en su sitio Web.

Si esto ya les llama la atención ni prueben a pasear por San Diego. En todo el país, los vendedores de computadores armados están asombrados con la polvareda que ha levantado la iniciativa pues sus productos siempre han sido más económicos que en las multitiendas. Pulsando un par de sitios al azar, afloran configuraciones idénticas a las de "Mi Primer PC" por entre 180 y 210 mil pesos.

¿A qué se debe la diferencia? Estos computadores no incluyen software de Microsoft, cuyas licencias alzan el valor de la iniciativa gubernamental en cerca de un 20%. Nadie duda que Windows es el sistema operativo predominante a nivel mundial, sin embargo ya existen alternativas libres como Ubuntu (www.ubuntu.com), cuya extraordinaria facilidad de uso echa por tierra el mito de que Linux es sólo para avanzados. Y créanme, se los dice un periodista que tiembla si no ve una interfaz con botones.

Algo similar pasa con el hardware, donde los productos de AMD han logrado gran aceptación entre los entendidos gracias a un desempeño que rivaliza con Intel por un costo 10% a 30% menor. Y ni hablar de la conexión a Internet, cuyo costo no sólo es excesivo para los segmentos C3 y D a los que apunta el programa, ¡sino que VTR ni siquiera llega a muchas de las comunas que se pretende beneficiar!

La pregunta es, ¿tan difícil era realizar una licitación para que las empresas compitieran por proveer las mejores alternativas? ¿Por qué se optó por proveedores únicos?

La respuesta la entregó el mismo subsecretario de economía en Chilevisión, durante una acalorada entrevista con Fernando Paulsen: El gobierno sólo acogió la propuesta de un grupo de empresas, estando disponible para recibir otras propuestas.

Curiosa declaración, pues según la Agenda Digital en su plan de masificación 2004-2006, la autoridad debe "conformar una comisión" que "coordine alternativas más económicas" y "amplie la diversidad de ofertas", considerando tanto "computadores genéricos como de marca, software libre como propietario y conexiones conmutadas como dedicadas" (teléfonicas y banda ancha).

Estas y otras razones, llevaron a que un grupo de usuarios a creáramos la campaña "Mi Primer PC... ¡Pero de Verdad!" (mppc.tardis.cl), cuya finalidad es denunciar las deficiencias del programa original y proponer alternativas para mejorarlo. Nuestra meta es reunir 25.000 firmas en apoyo de una carta al Presidente Ricardo Lagos, donde instamos a que el gobierno asuma un liderazgo responsable en la masificación de la tecnología.

La respuesta hasta ahora ha sido abrumadora, pero aún necesitamos de su apoyo. Invitamos a todos a participar de esta nueva propuesta porque a fin de cuentas, no se trata de vender un PC más o un PC menos, sino de atacar el que ya es sindicado como el nuevo analfabetismo del siglo XXI: la brecha digital. La diferencia entre ser parte de una nueva sociedad orientada en torno al conocimiento, la información y el desarrollo o arrastrar nuevamente a miles de familias marginada del desarrollo. De todos depende.

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ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DESPUES DEL ADPIC-PLUS

Una nueva página en la historia de la propiedad intelectual se está escribiendo desde 1995 con la entrada en vigor del "Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio" de la OMC - conocido con la sigla TRIPS o ADPIC-. Ello significó introducir nuevos y elevados estándares de protección para la propiedad intelectual, especialmente en el área de las patentes, que son de carácter obligatorio para todos los países miembros de la organización (incluido Chile).

Sin embargo, ello pareció no ser suficiente para los países desarrollados. Después del fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún y las del ALCA en Miami, ambos en 2003, dichos pa?ses, liderados por Estados Unidos, intensificaron la promoción de un ADPIC-plus. Es decir, un acuerdo que aumente los derechos y prerrogativas de las empresas transnacionales propietarias de las patentes con respecto a las contempladas en el acuerdo original. Esta nueva posición comenzó a imponerse sobretodo en acuerdos bilaterales de libre comercio, como el suscrito entre Chile y Estados Unidos.

No cabe duda que los nuevos regímenes jurídicos de propiedad intelectual surgidos de ambos acuerdos tendrán serias consecuencias sobre los medicamentos esenciales, particularmente en lo relativo a su oferta y acceso. Así, la importante producción de genéricos en el país se verá restringida en el futuro. Además, los altos niveles de concentración en la distribución (cadenas farmacéuticas) y la integración vertical sufrirían nuevos desarrollos. Adicionalmente, existe consenso entre los analistas que los precios de los medicamentos se verán incrementados, precisamente por la menor competencia en el sector.

Es así como en Chile la discusion no es si subirán o no los precios, si no cuánto subirán. Si los organismos reguladores de la competencia no actúan de manera enérgica para controlar las practicas anticompetitivas, los consumidores sufrirán las consecuencias de las mayores alzas de precios, afectando todavía más su difícil acceso a los medicamentos.

Llama la atención que el gobierno chileno haya negociado el denominado ADPIC "plus" sin haber modificado antes su correspondiente régimen jurídico, tal cual se había comprometido con la OMC. Recién a comienzos de este año el Congreso aprobó la Ley de Propiedad Industrial, que básicamente plantea aumentar la protección de patentes a 20 años; agilizar los procedimientos administrativos, cuyos eventuales atrasos podrían verse compensados con la extensión de los plazos de protección de patentes; proteger la información no divulgada de nuevas entidades químicas de productos farmacéuticos por 5 años; aumentar severamente la observancia de la propiedad intelectual, donde una de las innovaciones más importantes es la inversión de la "carga de la prueba". Por tanto, la protección a los derechos de propiedad industrial se verá fortalecida sustantivamente, al mismo tiempo, que armoniza la legislación interna de acuerdo a estándares internacionales.

En definitiva, en la nueva ley se priorizó su correspondencia con el acuerdo de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos, que favorece abiertamente a la industria farmacéutica, por sobre el bienestar de todos los chilenos.

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ESTE HIMNO ESTA REGISTRADO

Erase una vez un cineasta francés que hizo que un personaje silbara La internacional en una de sus películas y no le pidió permiso a nadie. Pero como la canción aún tenía copyright, un tribunal francés lo condenó por vulnerar los derechos de los herederos. Y es que el director debería haber esperado nueve años para usar libremente este himno de la izquierda. Caro error.

La historia ocurrió efectivamente hace unos meses. Es sólo otra anécdota reveladora del absurdo del régimen actual de la propiedad intelectual, pero resulta curiosa por dejar claro que hasta La internacional tiene dueño y no puede silbarse alegremente. Un recordatorio necesario porque, en principio, conceptual e históricamente la propiedad intelectual poco tiene que ver con impedirle a la gente que silbe lo que quiera. En la tradición anglosajona, el copyright es un monopolio que la sociedad concede al autor como incentivo para que cree. Con el disfrute de los derechos patrimoniales sobre su creación en condiciones y un plazo limitado, el autor controla su obra y ese control y los beneficios que de él deriva lo invitan a producir para beneficio general. En la tradición francesa, los derechos del autor sobre su obra son parte de los derechos inherentes de la persona, consustanciales a la condición de creador, y su defensa es la defensa de la dignidad del ser humano. Se diría que esa dignidad no sufre porque silben (o hasta tarareen) tu obra. Menos aún si llevas muerto desde 1932. Lo cual no te salva de una condena y una multa.

Porque no se trata de defender a los autores. En ambas tradiciones, el copyright y los derechos de autor nacen a fines del s. XVIII, cuando empieza a surgir la industria cultural capitalista tal y como la conocemos. Y es que la consolidación de esta modalidad de la propiedad intelectual supone en realidad la invención de un nuevo tipo de negocio, un tipo de negocio que seguir? generando más y más tipos de producto conforme pasen las décadas. Donde no había nada o algo impreciso, surge una cosa nueva que los autores pueden vender a los intermediarios para que estos lo gestionen en un mercado nuevo. Un mercado cuya diversidad se expande constantemente: si al principio los editores compran derechos de explotación que se reducen a la impresión en papel, con el tiempo esa cosa que ahora venden los autores se amplía a derechos sobre las traducciones, sobre las adaptaciones a otros formas art?sticas, sobre otros formatos de reproducción, etc.

Así, de la nada, la industria cultural se inventó un negocio basado en el tráfico de monopolios concedidos a los autores como incentivo, como forma de dignidad personal, pero que operan en beneficio de otros, que son quienes verdaderamente se lucran con la venta de libros, discos, películas. Mientras, los creadores entraron en un enfrentamiento interno en el que la creatividad general sufre. Ahora los autores se prohíben usos creativos los unos a los otros, y donde antes tenían lugar actos gratuitos, hoy se produce, a cambio de dinero, el paso de unas manos a otras de un nuevo "objeto". Por absurdo que resulte, es posible vender una cosa llamada "permiso para que un personaje silbe una canción". E impedir, invocando la defensa del autor, que la gente difunda una canción creada por su autor expresamente para ser difundida, en un acto de propaganda ideológica. Curiosa situación la de estos tiempos, pues: mientras que la creatividad artística es cada vez más precaria, la legal-comercial crece y se multiplica. Va siendo hora de invertir la tendencia. Aunque s?lo sea por lo lindo que es silbar.

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