Cada año, el Estado aporta una gran cantidad de recursos a la publicación de revistas académicas y científicas. El fomento a la investigación y el desarrollo de una cultura científica en el país parecen ese exigir ese esfuerzo, que todos por cierto pagamos. El problema es que no todos podemos beneficiarnos de ese esfuerzo.

Gracias a la ayuda fiscal, muchos procesos científicos pueden cumplir con una etapa esencial en el desarrollo de las ciencias: la publicación de sus resultados. El inconveniente es que para el otorgamiento de esa ayuda, no se exija que esa difusión sea lo más amplia y accesible posible, permitiendo, por ejemplo, la distribución con fines educativos o bien de desarrollo ulterior de las mismas ciencias. Luego, no hay retribución para quienes la financian, ni para la comunidad científica ampliada (con excepción, claro, de quienes logran abultar un poco su currículo).

Aunque las publicaciones están ahí, unas pocas solo son aprovechadas por la comunidad científica. Muchas de ellas terminan acumulando polvo en bibliotecas. Algunas son subidas a Internet, pero mayoritariamente bajo condiciones de derecho de autor que no permiten que un profesor imprima copias para sus estudiantes, o que siquiera pueda guardar una copia de forma lícita.

En estas condiciones, no podemos sacarle el jugo a los descubrimientos de nuestros expertos. Ni para difundirlos, ni para construir nuevos avances a partir de ellos, ni para enseñar a nuevas generaciones. Mientras, seguimos pagando por el desarrollo de nuestra ciencia, pero sin haber exigido esa apertura. Así, penosamente, solo estamos creando ciencia para una biblioteca vacía, o más bien, amurallada.