Como una manera de dar a conocer cuáles son las restricciones y los derechos de los usuarios en Internet cuando se trata de manejar diversas obras intelectuales, es que el sitio FDK , plataforma online de los alumnos de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, organizó la charla “Usuario Digital o Virtual Ladrón”.
En la oportunidad, expusieron Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales y Andrés Valdivia, fundador de podcaster.cl. A cargo de la presentación estuvo Andrés Azócar, periodista y Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

En su introducción, Azócar se refirió a la importancia de potenciar una cultura libre donde los contenidos puedan ser distribuidos y compartidos por quienes los utilizan. En este sentido, afirmó que históricamente los medios, salvo la televisión, han sido fenómenos de elite que han llegado a un público restringido y que en el nuevo contexto que configuran las nuevas tecnologías, la labor del periodismo se renueva. De esta forma, el enfoque debe estar en aprovechar estos grandes medios, trabajar con ellos y crear nuevas cosas para hacer mucho más amplia la posibilidad de acceder a contenido.

Andrés Valdivia,  por su parte, hizo hincapié en los nuevos modelos de negocios que surgen de la mano de  Internet y cómo el público en general debe aprovecharlo para el desarrollo de ideas y creaciones sin restricciones propias de un “mundo análogo”.

Finalmente, Claudio Ruiz, expuso sobre los avances en materia de propiedad intelectual que se han producido en Chile, además de recalcar la importancia de la utilización de licencias libres -como Creative Commons- para que sean los propios creadores quienes definan los términos en los que sus obras pueden ser usadas.

La charla, que fue gratuita y abierta para todo el público, tuvo un marco de asistentes compuesto principalmente de estudiantes de periodismo, los cuales poco a poco han ido incorporando a su labor el manejo correcto de las obras intelectuales. De hecho, para Jonathan Lepe, productor ejecutivo de FDK, la principal motivación para realizar esta actividad fue poner en el tapete un tema en el que se involucra a mucha gente, y del que pocos conocen: “En Chile, los sitios que lucran con el contenido han tenido que informarse a la fuerza sobre la regulación en materia de derecho de autor”.

Además, repasamos brevemente el proyecto de ley de neutralidad de la red y comentamos ciertas dudas que ya habíamos adelantado acá, como la no consagración absoluta de la neutralidad pues ésta se configura como un derecho de los usuarios, sujeto a límites importantes que dejan abierta la posibilidad de intervención de los prestadores de Internet en en la medida en que ésta “no sea arbitraria”.

Conexión Social lo puedes escuchar y/o descargar, desde acá.

Hace algunos días, tres senadores presentaron al Congreso un proyecto de ley que pretende que, en caso de ofensas al honor y la honra de una persona cometidas por Internet, y de no encontrarse a quien “difunde” el contenido ofensivo, sean los administradores de los sitios quienes respondan civilmente por el daño causado. O sea, se alteraría la regla general, a fin de que no necesariamente el ofensor sea quien pague por el perjuicio causado, sino que se abra la posibilidad de que el administrador del sitio web indemnice por ese daño.

El mensaje del proyecto justifica la iniciativa como una manera eficaz de poner atajo a las expresiones ofensivas en Internet, poniendo de cargo de los administradores de sitios el control sobre el comportamiento de sus usuarios. De forma tal que, a fin de eximirse de esta responsabilidad, los administradores cumplan con identificar al autor de las ofensas, o bien evitar la mayor difusión de ellas. En otras palabras, que hagan entrega de la identidad del ofensor (aun sin persecución penal de por medio), o bien que ejerzan censura sobre quienes utilizan sus sitios para expresarse.

De aprobarse el proyecto, se alteraría seriamente el panorama de la libertad de expresión en Chile. No se penaliza adicionalmente a los autores de injurias o calumnias, sino que se pretende prescindir de la persecución de esos delitos para lograr la compensación monetaria, aun de parte de quien no ha cometido ofensa alguna. No se crean nuevos delitos, pero se consagra una estructura en que el administrador de una web se convierte en guardián de lo que hacen sus usuarios a efectos de no sufrir las consecuencias económicas; es decir, se privatiza la censura y se la impone prácticamente como un deber para quien administra una página web.

El costo económico de moderar todos los comentarios no es igualmente soportable por todos los administradores de sitios web. Luego, el desincentivo a permitir la participación de los usuarios es evidente: por una parte, se podría mantener un sitio web, asumir el costo actual de moderar los comentarios y el costo eventual de indemnizar a quien sea ofendido; por otra parte, cerrar la posibilidad de participación y evitar mayormente el riesgo de sanción.

Tema aparte es el de los costos a soportar si se persiguiera esa indemnización. El proyecto hace aplicables las reglas generales sobre responsabilidad civil, lo que significa impulsar una demanda civil ante los tribunales. Sin perjuicio del eventual resultado, el costo de litigar en Chile es altísimo, prohibitivo para gran parte de los administradores de sitios y blogs chilenos, pero soportable precisamente por quienes más interesados estén en acallar las opiniones negativas: los detentores del poder económico y político.

Esto generaría un ahogo del discurso y la opinión potencialmente “ofensivas”, no solamente en lo que respecta a otras personas, sino de forma muy particular en lo que respecta a personas del ámbito público. Es decir, allí donde la libertad de expresión  es más valiosa (incluso ejercida de forma anónima), en el discurso crítico, sería exactamente donde ella se vería más limitada, por la amenaza de cargar con el peso económico de dar tribuna a esa opinión.

En esas condiciones, resulta más atractivo mantener sitios en el extranjero, o bien negar por completo la participación y la expresión de la ciudadanía en los sitios nacionales. Normativa como la propuesta por los senadores en este proyecto no ayuda tanto a proteger a quien se sienta atacado en un comentario, como sí a condicionar gravemente el ejercicio de una de las libertades más elementales de una sociedad democrática.

En la ocasión, expondrá el director de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, y Andrés Valdivia, fundador de Podcaster.cl. La presentación estará a cargo del director de la Escuela de Periodismo de la UDP, Andrés Azócar.

La actividad se llevará a cabo el día martes 31 de agosto a las 11.30hrs en el auditorio de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, ubicada en Vergara 240, Metro Los Héroes.  Para participar debes enviar un mail a usuariodigital@fdk.cl con tu nombre y teléfono.

Entre las principales modificaciones que incluye la versión 3.0 de las Licencias Creative Commons, figuran: adoptar conceptos en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos de autor; distinguir claramente al autor de la obra del licenciatario de la misma; admitir la existencia de grupos de atribución de una obra colectiva, algo usual en el mundo del diseño y performances de envergadura; detallar la atribución de autoría sobre una obra; regular la circulación de obras licenciadas sujetas a medidas de protección tecnológicas; y, dejar a resguardo los derechos morales de los autores frente al uso de sus obras.

La licencia 3.0 persiste en amparar los que hemos denominado “usos legítimos”, comprensivo de los casos de excepciones y limitaciones al derecho de autor propias de los países de derecho continental –tales como Argentina, Chile o España–, como también de los casos de fair use estadounidense o fair dealing del Commonwealth –Cánada, Singapur y Australia, entre otros–. Esto es esencial si se considera la vocación global de las Licencias Creative Commons, que esperan permitir estos “usos legítimos” en todos los países del globo, con independencia de los siempre limitados efectos de la legislación local.

En el mismo sentido, dado el uso global de obras licenciadas con Creative Commons, la versión 3.0 de ellas se ha visto en la necesidad de incluir situaciones previstas en diversas legislaciones, tales como las denominadas licencias obligatorias, sean éstas renunciables o no, y las licencias voluntarias. Es importante recalcar que ello permite hacer explícita la compatibilidad del uso de Licencias Creative Commons con la labor de las entidades de gestión colectiva de derechos.

Siempre en igual sentido, las licencias 3.0 admiten el empleo de las obras licenciadas no sólo en la versión local de la licencia, sino además en versiones homologadas de ellas. Esto mejorará la gestión de la obras, pues permitirá, por ejemplo, generar una colección de distintas obras licenciadas con Creative Commons, correspondientes a distintos países, empleando solamente una licencia que contenga los mismos elementos de las distintas versiones locales.

La versión de la licencia está disponible en CC 3.0 Chile in English y en CC 3.0 Chile en Español. Durante los próximos días, se realizará la habilitación tecnológica de la misma; de manera que, si lo crees necesario, haznos llegar tus cometarios u observaciones desde ya a info@derechosdigitales.org.

En la ocasión, Paz Peña, periodista de ONG Derechos Digitales, expondrá durante la segunda jornada de la actividad, sobre las campañas ciudadanas de Trato Justo Para Todos y No Soy Delincuente. Para más información, puede acceder al programa del Seminario, organizado por la Consejería Cultural de la Embajada de España.

La inscripción para asistir al evento es gratuita y se realiza rellenando el formulario disponible aquí.

Tras ser detenido por la policía, Sibusiso, quien asegura que el ejemplar original del diario lo encontró en el tarro de la basura, fue conducido a la estación de policía local, donde fue interrogado y, posteriormente, su hogar fue allanado. Sin embargo, la policía no encontró mayores evidencias del delito. Incapaces de formular cargos por otro delito, las autoridades han iniciado un procedimiento por infracción a los derechos de autor en contra de Sibusiso.

Para Alan Story, profesor de propiedad intelectual de la escuela de Derecho de la Universidad de Kent, la experiencia de Sibusiso no es inusual, pues ella “nos muestra como el copyright puede ser empleado como un mecanismo de censura”. De hecho, de acuerdo al académico, casos como este no se presentan tan sólo en países en desarrollo, en Inglaterra la llamada iglesia de la Cienciología ha hecho uso de las leyes de copyright para acallar la disidencia dentro del grupo religioso. Algo que también ha acontecido en los Estados Unidos.

Para Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la ley chilena es ambivalente en un caso como el de Sibusiso. Por un lado, la nueva ley ha adoptado una serie de excepciones y limitaciones a los derechos de autor que autorizan a hacer uso de una obra sin permiso de su titular y sin mediar pago. Pero esta autorización tiene ciertas restricciones. Por otro lado, la ley criminaliza la infracción a los derechos de autor, aun cuando no se ocasione perjuicio económico y se haga un uso sin fines comerciales. Este último es un exceso de la ley, pues eventualmente se puede emplear para criminalizar la libertad de expresión.

El caso nos trae a la memoria que los derechos de autor, desde sus inicios, son y han sido una herramienta de censura. Ayer, para permitir al rey controlar la crítica sobre la corona; hoy, para permitir a los titulares de derechos controlar a la ciudadanía.

México es uno de los dos países en desarrollo, y el único país Latinoamericano, involucrado en las negociaciones del ACTA. El sistema legal de México deberá modificarse sustancialmente, si el actual texto del ACTA es adoptado. En algunos casos, se necesitará adoptar leyes que no existen hoy en el país, tal como aquéllas que criminalizan ciertas infracciones a la propiedad intelectual y que expanden la responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por la infracción de sus usuarios. En otros casos, México necesitará modificar su actual normativa, por ejemplo para cumplir con la obligación de ACTA relativas a actuaciones de oficio por las autoridades aduaneras y judiciales, y la adopción de indemnizaciones sin relación con un daño efectivo.

En su carta pública dirigida al Gobierno de México, KEI destaca que la propuesta de texto del ACTA, de ser aprobada, requerirá la adopción de nuevas disposiciones legales que comprometerán seriamente el interés público del país. KEI llama al gobierno mexicano a cambiar su actual posición en las negociaciones y promover la inclusión de ciertas flexibilidades y protecciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La carta está disponible en inglés y en español.