–

Freedom Not Fear es el nombre de la manifestación que involucra a organizaciones de más de treinta países –incluidos Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú–, las que este 11 de Octubre expresarán su rechazo a la adopción de leyes que socavan los derechos y las libertades ciudadanas, bajo el pretexto de combatir el terrorismo en Internet.

El origen de la campaña se remonta a la adopción de la Directiva de la Unión Europea que obligó a las compañías prestadoras de servicio de Internet a almacenar información de las conexiones y tráfico de los usuarios por a lo menos seis meses. Desde entonces a la fecha, los datos personales de los inocentes usuarios de la web han comenzado a recolectarse para su eventual uso en investigación criminal y civil.

Explotando la paranoia y el miedo, nuevas leyes se han adoptado alrededor del mundo, en similares términos a Europa. De ellas probablemente la más lesiva sea la Patriot Act estadounidense, adoptada tras los atentados del 11 de Septiembre, y que concedió amplias facultades a la autoridad pública para llevar a cabo medidas intrusitas contra quienes resultasen sospechosos de actividad criminal.

Desafortunadamente, la intervención legislativa, que muchas veces se conduce por el loable propósito de brindar seguridad a los ciudadanos, pierde perspectiva en cómo las leyes ponen en serio riesgo las libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la vida privada, y la inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros. De ahí que el énfasis sea llamar la atención pública respecto de la afectación de nuestras libertades por similares iniciativas de ley.

En el caso de Latinoamérica, las manifestaciones se orientarán preferentemente a llamar la atención sobre la necesidad de adoptar leyes que protejan la privacidad de las personas. Una apropiada legislación sobre protección de los datos personales es esencial para garantizar la subsistencia de los derechos y libertades ciudadanas garantizadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales.

La campaña Freedom Not Fear apunta a recordarnos que la Libertad y no el Miedo debe ser el norte que conduzca la regulación de Internet. Si se han de adoptar medidas de control, éstas deben ser adecuadas, pertinentes y no excesivas, de manera que garanticen adecuadamente los derechos de las personas y las bases de una sociedad democrática.

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile

Freedom Not Fear es el nombre de la campaña global en contra de la adopción de leyes que ponen en riesgo los derechos y las libertades fundamentales, bajo el pretexto de combatir el terrorismo en Internet. Este año, la campaña tendrá lugar simultáneamente en más de treinta países, incluidos Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, México y Perú, entre otros. En todos ellos, este 11 de Octubre, se realizará diversas acciones para llamar la atención pública respecto de los riesgos para los derechos de las personas y la democracia que implica la adopción de leyes para controlar a los usuarios de Internet.

ONG Derechos Digitales adhiere a la campaña Freedom Not Fear, y llama a la comunidad nacional a tomar conciencia sobre la importancia de contar con una legislación que garantice los derechos y las libertades fundamentales de las personas, tanto on line como off line. Como parte de las actividades, ONG Derechos Digitales solicitará formalmente al Congreso tomar parte en la discusión de dos iniciativas de ley que ponen en riesgo los derechos de las personas: el proyecto que modifica la ley de protección de la vida privada y el proyecto que amplia la obligación de almacenar datos de los usuarios por las empresas prestadoras de servicio de Internet.

El proyecto de modificación de la ley sobre protección de la vida privada fue presentado por el Gobierno la semana recién pasada. A través de él se reglamentará el tratamiento de la información personal, ajustando nuestra normativa a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras, el segundo proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados, amplía por al menos un año el plazo por el cual las compañías proveedoras de Internet deben almacenar información de sus usuarios y extiende tal obligación no sólo a las compañías, sino que a toda persona que da acceso a Internet a otros.

Freedom Not Fear es una iniciativa que pone de manifiesto que la adecuada protección de los derechos de las personas, particularmente en el entorno en línea, demanda acciones globales. La regulación de la Red no puede ser abandonada a la paranoia del momento, sino que debe realizarse de modo que salvaguarde los derechos y libertades esenciales para el desarrollo individual y social.

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.


Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

Artículo publicado en Trato Justo Para Todos*

-

Imagínese estar ocho o más horas al día bajo la vigilancia de un “Gran Hermano” que puede controlar todas sus actividades, por medios de vigilancia tales como cámaras, software que permita supervisar su actividad en el PC, micrófonos y otros dispositivos similares. Lamentablemente, no es tan necesario imaginarlo, porque dicho escenario ya existe en varios lugares de trabajo, que terminan pareciéndose a un campo de concentración donde el paradigma que rige es el control y la vigilancia.

La vigilancia en el lugar de trabajo puede servir de método de control y medición de las labores desempeñadas, pero también es susceptible a convertirse en una herramienta que facilite la vulneración de nuestros derechos fundamentales.

Normalmente, la relación laboral implica desempeñar determinados deberes, tales como cumplir con un horario definido, atender labores específicas en esas horas o no divulgar actividades de la empresa. El empleador, para asegurarse y medir dicha actividad, puede establecer mecanismos de control que hagan efectiva dicha medición.

No obstante, aquella actividad muchas veces es desproporcionada y termina sirviendo al empleador para fines diversos del originalmente establecido, al tener a su alcance inmejorables herramientas para obtener información privada de sus empleados. Esto puede facilitar situaciones como el acoso laboral, las prácticas antisindicales o la búsqueda de formas de despedir sin indemnización a los trabajadores.

En la Unión Europea el tema se ha abordado seriamente, a propósito de la regulación de la privacidad y datos personales, derechos fundamentales que no pueden ser renunciables a cambio de un contrato de trabajo. Para ello se exige al empleador explicitar a sus empleados los medios de vigilancia y control que utiliza, junto con prohibir los métodos que sean invasivos o que no tengan relación con la actividad que desarrollan las personas.

En el resto del mundo, este tema no se ha abordado con el mismo nivel de preocupación ni profundidad que en Europa. En Sudamérica, no obstante, aparecen luces de esperanza: recientemente en Chile se reformó el proceso laboral, que contempla un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. Uno de sus primeros fallos precisamente trata sobre vigilancia en el lugar de trabajo y el juez de instancia resolvió ordenar la indemnización a la afectada, que fue despedida en base a información obtenida irregularmente de su computador.

Así las cosas, ya sea a través de la regulación de las tecnologías, de acciones constitucionales, o de un (en apariencia) sencillo procedimiento laboral, lo importante es que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se vean soslayados, sino por el contrario, potenciados ante las nuevas tecnologías y las posibilidades que nos ofrecen.

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

–

Todo quien ha intentado obtener un nombre de dominio que emplea la letra eñe, seguramente se ha encontrado con un rotundo no por respuesta. El sistema de identificación de recursos en Internet no fue diseñado para soportar otros caracteres (letras y números) que los empleados en inglés. Así, localizarse en la web implicaba, cuando menos en ciertas ocasiones, sacrificar signos idiomáticos del español y portugués.

Sin embargo, la solución ha llegado hace algún tiempo, la llamada Internacionalización de los Nombres de Dominio (IDN). Se trata de un estándar técnico que permite la incorporación en los nombres de dominio de caracteres tales como “ç” y “ñ”, así como signos de acentuación y diéresis.

En Latinoamérica, IDN ya ha sido adoptado por Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. Este mes de septiembre se ha estrenado también en Argentina. En estos países, la adopción del sistema facilita la apropiada identificación de los usuarios en Internet. Así con ciudades como Río de Janeiro, Viña del Mar o Córdoba, tal como con quienes comercializan buñuelos o vino, o los numerosos González que deambulan por estas tierras.

Los nombres de dominio no sólo permiten la localización de recursos en Internet, sino también la individualización de ellos, especialmente si tomamos en consideración el carácter esencialmente nemotécnico de Internet y, desde tal perspectiva, IDN mejora el acceso intuitivo de nuestros usuarios a servicios en línea de diversos municipios, o de nuestros clientes a los bienes o servicios que ofertamos.

Pero no sólo el comercio y gobierno electrónicos encuentran una ventaja en IDN, sino también el derecho a la identidad y a una mejor individualización de las personas en Internet. Desde esta perspectiva, la incorporación de IDN contribuye al enriquecimiento de nuestra identidad cultural, en cuanto comunidad hispano parlante, así como de nuestros pueblos originarios, pues IDN permite que los nombres de dominio guarden plena correspondencia con nuestra pluralidad de identidades lingüísticas.

Bienvenido pues IDN en Latinoamérica, ya que la adecuada identificación en Internet incrementa la competitividad, mejora el acceso a los recursos en web y enriquece nuestra identidad cultural. ¡Ya sólo nos resta competir por los contenidos!

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

–

Años atrás, un hospital de la ciudad finlandesa de Rovaniemi decidió poner en Internet el nombre de una persona ingresada por cuidados mentales; el hospital consideraba que la medida era parte de su obligación de transparencia pública. A mediados de este año, el gobierno italiano publicó en Internet las declaraciones de la renta de todos los italianos; tanto la autoridad tributaria, como el Secretario de Economía, respaldaron la decisión como un hecho de transparencia y democracia. ¿Cuál sería su reacción, de ser usted el afectado?

Ambos casos ponen en evidencia la conflictiva relación que se produce entre las exigencias de transparencia pública y las propias de la privacidad que merece la información de las personas. Mientras la transparencia insta a las autoridades públicas a develar sus decisiones, información y antecedentes de que disponen, la protección de los datos les insta a resguardar la información de las personas, a fin de evitar que éstas vean menoscabadas su vida privada y sean eventualmente víctimas de actos de discriminación arbitraria.

El dilema no es de fácil solución. Bien lo saben las autoridades comunitarias europeas. Cuando el Defensor del Pueblo de la Unión Europea ha requerido información acerca de concursos para cargos profesionales y para prácticas remuneradas al Parlamento Europeo, y éste declina cumplir con su obligación de transparencia pública, escudándose en la obligación de proteger la información personal de los candidatos.

Recientemente, Chile ha decidido enfrentar el tema. La nueva ley de acceso a la información pública ha creado un organismo especial que entrará próximamente en funciones, el Consejo para la Transparencia. Esta entidad se encargará no sólo de velar por la publicidad de la información de la administración estatal, sino también porque ésta cumpla a cabalidad las leyes sobre protección de la vida privada, que regulan el tratamiento de la información personal.

De acuerdo a la mencionada ley, los organismos públicos deberán poner a disposición del público, a través de sus sitios electrónicos, una amplia gama de antecedentes. Sin embargo, no podrán revelar datos sensibles que se refieran a las características físicas o morales de las personas, a hechos de su vida privada, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Probablemente, de cumplirse la ley, los chilenos no corran cuando menos el riesgo de los habitantes de Rovaniemi. ¿Pero que hay de otros datos, tal como el nivel de ingresos de un funcionario público? Precisamente esta última ha sido una de las medidas adoptadas por la mandataria de tal país hace un par de años, lo que ocasionó más de algún malestar a los servidores públicos y dolor de cabeza a la propia autoridad.

Difícil tarea la del Consejo para la Transparencia, abrirse paso entre la publicidad de la información, por las mañanas, y la protección de la privacidad, por las tardes. No sea que termine como el perro guardián Ortro, muerto en manos de Heracles, en su fallido intento por cumplir con su tan desmesurada tarea.

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

Te invitamos a participar en el Encuentro “Ciudadanía y Políticas Públicas en materia Digital”, organizado por La Red Nacional de Organizaciones Ciudadanas Digitales (Ciudadanía Digital), de la que nuestra ONG forma parte.

Este encuentro se realizará este Jueves 25 de septiembre desde las 15 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional ubicado en las instalaciones del Congreso Nacional en Pedro Montt s/n, Valparaíso. Más información tras el salto.

En dicho encuentro la dinámica se centrará en diversas mesas redondas con invitados del ámbito público y privado, donde se abordarán temas relativos a la inclusión y participación ciudadana en temas de política pública tecnológica del país.

Además, nuestro secretario ejecutivo, Francisco Vera Hott, participará en la segunda mesa a desarrollarse, llamada Incidencia pública en materia de desarrollo digital, a las 16.30 hrs.

Más información

En el caso de la obra de Alfonsina Storni efectivamente está en dominio público. Esto significa que se puede hacer cualquier tipo de uso de esas obras sin necesidad de pagar derechos ni solicitar autorización, dado que éstos ya se encuentran extintos.

–

Disponer de un entorno para nuestro propio desarrollo, al margen de la intromisión de terceros, es un derecho esencial para las personas. En parte, los muros de nuestro hogar, el sosiego de nuestra alcoba, la distancia que ponemos entre nuestras viviendas, entre otros, son indicios de la aspiración por disponer de un entorno para el desarrollo personal fuera de la mirada de los otros. Nuestra libertad de conciencia y de religión, nuestra libertad de expresión y política, nuestra autodeterminación sexual, entre otros, son derechos y libertades ciudadanas que se nutren de un espacio de acción privada.

¿Qué pasaría si el día de mañana alguien tocará a su puerta ofreciéndole privacidad por una suma de dinero? Seguramente a usted, como a mi, nos parecería cuando menos un chiste de mal gusto. ¿Para que comprar privacidad? Yo, ya la tengo. No necesito ir al mercado por la compra de una dosis de vida privada, ésta me es garantizada por ley.

Lamentablemente, lo que quizá Usted no sabe, es que su privacidad está siendo sometida día a día a prueba, y la tecnología está logrando derribar los tradicionales obstáculos que poníamos para su resguardo. A los ya viejos lentes teleobjetivos y grabadoras a distancia, se han sumado los pinchazos telefónicos y la interceptación de las comunicaciones electrónicas. No hay prácticamente un espacio de privacidad que no sea susceptible de ser invadido por un dispositivo técnico.

Es precisamente ahí donde se ha generado un nicho de mercado, en que se ofrecen productos tecnológicos que garantizan la privacidad. Ya desde hace algún tiempo es posible encontrar usuarios de Internet que encriptan sus comunicaciones. Recientemente, una empresa Israelí diseñó un dispositivo que neutraliza cualquier grabación digital en un entorno limitado, impidiendo ser fotografiado o filmado. La consigna parece ser, si bien tienes privacidad, debes pagar el precio para retenerla.

Si la privacidad es un bien abandonado a las leyes del mercado, ¿qué pasará con quienes no pueden solventar ese costo? Permítanme un giro. Desde siempre las personas han adoptado mecanismos de defensa de su propiedad (alarmas de intrusos, cercos eléctricos y fosos con cocodrilos, por mencionar algunos); sin embargo, aún fallando o no existiendo tales dispositivos, existe la certeza de que la ley se encargara de los infractores. ¿Cree usted que encontrará un adecuado resguardo a su privacidad, si el día de mañana alguien exhibe en televisión fotografías de su persona obtenidas subrepticiamente?

Uno de los principales problemas que enfrenta la privacidad, en nuestros países latinoamericanos, es la ausencia de leyes que garanticen la vida privada. Por razones culturales, políticas o económicas, la privacidad de las personas, ese espacio que permite su pleno desarrollo, ha sido abandonada a las leyes del mercado. Si puedes financiar su protección, bien; si no puedes solventar los gastos de disponer de privacidad, bien también. El Estado toma palco frente a los ataques a nuestro mundo privado; a veces, inclusive, es el mismo gobierno quien asalta impunemente nuestra privacidad.

–

Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

–

El gobierno local es el más cercano a la gente. Esa cercanía deriva no sólo del hecho que las personas se encuentran más a su alcance, sino de las importantes labores que son de su responsabilidad. Probablemente cada vez que Usted o algún miembro de su familia necesita servicios de salud o educación pública acude a su ayuntamiento, municipio o municipalidad; es tal vez el lugar al cual concurre para gestionar servicios de aseo y ornato en su comunidad, e inclusive prestaciones sociales básicas. El gobierno local es inequívocamente el más cercano a la gente.

Internet acerca la gestión municipal a la gente. Precisamente la necesidad de disponer de una relación más estrecha y en todo momento con el gobierno local alienta el desarrollo de experiencias de gobierno electrónico en él. Hoy por hoy, es esencial que los vecinos puedan solicitar información, y aun gestionar servicios, desde todo lugar y a toda hora, independientemente de donde se encuentren emplazadas las oficinas públicas y de los siempre limitados horarios de atención.

Desafortunadamente no todos los municipios han llevado adelante el gobierno electrónico. Según un reciente estudio, en Chile, uno de los países de la región con mayor índice de conectividad, un 28% de los municipios no tiene sitio web, y un 40% de ellos emplea cuentas de correo electrónico del tipo Yahoo! y Gmail para sustentar sus comunicaciones con la ciudadanía. Los altos costos de implementación versus los siempre exiguos recursos comunales, la falta de liderazgo político en la materia a nivel local y la ausencia de capacidades técnicas son, entre otros, factores que condicionan el desarrollo del gobierno electrónico local.

De ahí la urgencia de que la modernización de la gestión local, y particularmente la incorporación de los municipios a la experiencia de gobierno electrónico, sea alentada por los gobiernos nacionales. Algo que precisamente viene a hacer la iniciativa Ventanilla de Trámites Municipales, también del Gobierno de Chile, cuyo fin es modernizar la gestión municipal, a través de la implementación de una ventanilla de trámites soportada por una plataforma tecnológica, que permita el procesamiento centralizado y estandarizado de trámites municipales. La iniciativa progresivamente ha pasado de 26 municipios conectados a comienzos del 2008, para llegar, en una segunda etapa, a 100 municipalidades en línea, a finales del 2009.

Por supuesto, una iniciativa como la recién descrita no es sencilla, pues debe lidiar con las prácticas y competencias locales, con el apoyo de otros servicios públicos implicados, con la falta de estandarización de los procedimientos, entre otros factores críticos. Sin embargo, emprender la tarea es esencial. Modernizar el gobierno, desarrollar gobierno electrónico, debe ir en directo apoyo de la gente, en el lugar en que les resulta cercano, en su ayuntamiento o municipio.

–

Artículo publicado en Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile