Durante cerca de dos semanas, se realizó en Dallas la ronda XII de negociaciones del polémico Acuerdo Transpacífico o Trans-Pacific Partnership (TPP), un TLC que, en palabras del presidente Obama, es un acuerdo de nueva generación, clave del siglo XXI, y que pretende establecer un tratado multilateral de libre comercio entre nueve países de la zona Asia-Pacífico.

Pese a la importancia del tratado -que a diferencia de lo que sucede con otros acuerdos de comercio supondrá la modificación de normativa interna en un número importante de áreas- el contenido de sus negociaciones se mantiene en secreto. Movimientos sociales desde la academia y la sociedad civil han exigido conocer el texto de la negociación luego de haberse filtrado en 2011 la problemática propuesta de texto estadounidense que, desde el punto de vista de los derechos de autor, no solo aumenta ferozmente los estándares de protección de nuestro países sino que, además, obliga a modificar una normativa, en el caso chileno, recientemente promulgada, alejándose así peligrosamente de criterios aceptados en instrumentos internacionales en la materia.

Durante esta última ronda estuvimos en Dallas y pudimos observar algunos detalles que dan luces tanto de las tensiones que ha enfrentado la negociación (esta vez centrada en las medidas de enforcement criminal de propiedad intelectual), como también de los problemas de participación para organizaciones sociales presentes con el fin de proveer de retroalimentación a los equipos negociadores.

La participación acreditada:

Muchas críticas, y no solo de sectores sociales, recibió la forma en que participarían en esta ronda los stakeholders, denominación que incluía a organizaciones tan diferentes como ONG Derechos Digitales y Public Citizen como a la Copyright Alliance. Por ejemplo, se organizó una sala especial donde todos los actores acreditados pudieran llevar sus pendones y esperar que pasara por allí -o no- alguno de los cientos de negociadores de los nueve países. Una actividad que respondía a la idiosincrasia de los anfitriones pero que, para algunos, parecía más bien una kermesse colegial con escasas posibilidades de hacer llegar observaciones técnicas de los textos filtrados.

Más directo, aunque con un alcance igual de general, fue el stakeholder briefing, donde los jefes de las delegaciones dieron solo algunas luces respecto de los avances y se sometieron a las preguntas de los stakeholders acreditados. Allí conocimos, por ejemplo, que hay un avance cercano al 50% en el Tratado y que hay muchos temas resueltos, como medidas de frontera o asuntos laborales. Pero para otro tipo de información -más concreta, si se quiere-, las delegaciones más bien contestaron generalidades encubiertas en diplomacia. Eso ocurrió con las preguntas relativas al acceso a los textos como también para asuntos más concretos, como la pregunta que hicimos en nuestro caso, que hacía ver los problemas de establecer un texto equilibrado, tomando en consideración los problemas de implementación de un acuerdo que, en derechos de autor al menos, excede de forma holgada los estándares internacionales en la materia. Finalmente esto implicó más bien una instancia donde los stakeholders presentes hicieron llegar sus dudas e inquietudes frente a jefes negociadores sin facultades para responder más allá de las buenas maneras.

La participación no acreditada:

Las imponentes medidas de seguridad que rodearon a todo el evento, sin embargo, no impidieron las manifestaciones del movimiento Occupy y de los activistas Yes Men. Estos últimos, realizaron una divertida performance donde, personalizados en una supuesta asociación de empresas a favor del TPP, quisieron entregarle un premio a Ron Kirk (el representante de la USTR, quienes deciden discrecionalmente todos los años poner a Chile en la lista roja de piratería) por la energía puesta a favor del establecimiento del tratado. Todo muy parecido a #SiTPP.

Sigilosamente, además, los Yes Men deslizaron una carta bajo las puertas de las habitaciones de los negociadores, pidiéndoles que representen el sentir del 99% de la población, haciendo referencia directa al movimiento Occupy, quienes se manifestaron también en las afueras del hotel durante la semana (en la foto).

Nuestra percepción:

La sensación de ambiente es que el TPP va camino a convertirse en una realidad en el mediano plazo, aún con todas las potentes manifestaciones ciudadanas y cuando sus alcances, lamentablemente, no son conocidos con certeza por la ciudadanía de los países que están negociando.

Pero el eventual acceso al texto del TLC, aunque crucial, no resuelve los graves problemas de una negociación marcada por los embates de los intereses estadounidenses y la resistencia que, en la medida de lo posible, realizan aquellos pocos países que cuentan con equipos técnicos competentes y una visión política de largo plazo.

Desde una óptica local y luego de dos años de negociación (y más de un millón de dólares gastados solo por el gobierno de Chile), quizás sea el momento de enmendar el rumbo y dar una señal potente al mundo y a la ciudadanía chilena, a través del establecimiento de consensos locales respecto de la forma en que queremos comprometernos a un acuerdo que, al menos hasta el momento, pareciera suponer más problemas, trabas y restricciones que beneficios para nuestro país.

La información emitida en el marco de una consulta pública no sería pública, sino secreta. Esa fue la absurda respuesta del Ministerio de Economía al requerimiento de acceso a la información pública que hizo nuestra organización, con el objeto de  conocer las opiniones que fueron emitidas en el proceso de consulta pública que el gobierno realizó para recibir comentarios sobre su proyecto de ley de modifiación a la Ley Nº19.628 de protección de la vida privada.

Lo absurdo de esta respuesta se hace patente al conocer la determinación que adoptó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, MINJUS. Ante el requerimiento de acceso a la información hecho a este ministerio (que lidera el Proyecto de Reglamento de la Ley de Protección de Datos) para conocer las opiniones y aportes que diversos interesados hicieron al reglamento a través de una convocatoria pública, el MINJUS no solo accedió, sino que como informa el Estudio Iriarte & Asociados:

“[...] entregó una copia de todos los documentos, informes, opiniones, comentarios y/o aportes que cualquier persona natural o jurídica (nacional o extranjera, de derecho público o privado) haya presentado por cualquier medio, vía o canal, tanto en formato físico como electrónico, incluido por correo electrónico y cualquier otro medio informático, al Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales”.

A la luz de la decisión peruana, es inevitable hacer una comparación con la resolución adoptada por las autoridades chilenas, y advertir que el dudoso carácter público de la consulta realizada por el Ministero de Economía de nuestro país opaca innecesariamente un proceso que declaradamente buscaba abrir las políticas públicas a la ciudadanía. Como afirmamos hace un tiempo, esta decisión desincentiva la futura participación de la sociedad civil en esta clase de consultas y hace poco transparentes al público los resultados obtenidos en estos procesos.

Ante este escenario, ONG Derechos Digitales espera que el amparo que efectuó ante el Consejo Para la Transparencia, que tiene por objeto de acceder a la información recopilada en esta consulta, tenga un conclusión positiva y sirva para transparentar los procesos de adopción de decisiones de las autoridades gubernamentales, especialmente cuando en las mismas se busca aplicar procesos de participación ciudadana.

El encuentro, que está organizado por Access y el Centro de Tecnología y Sociedad de la Escuela de Derecho de la Fundação Getulio Vargas, tiene abierta sus incripciones y contará con transmisión en vivo.

La Fundación Democracia y Desarrollo y la Universidad de Talca, en el contexto del segundo aniversario de la comunidad elquintopoder.cl, invitan a conversar sobre el rol que los medios sociales están jugando en la participación política de la juventud, en especial como plataformas en las cuales se debaten las ideas sobre el futuro.

En la oportunidad, estarán dos representantes de ONG Derechos Digitales: Por un lado, como panelista estará Salvador Millaleo (investigador de nuestra organización) en la mesa “Jóvenes, redes y participación política”, junto con Luis Felipe San Martín (director del INJUV), Gabriel Boric (presidente de la FECH) y Alicia Sánchez (directora Ejecutiva Acción AG).

En la segunda mesa, estará Paz Peña (periodista de ONG Derechos Digitales) moderando el panel “No basta con twittear”, en el que estarán invitados Matías Asún (director Ejecutivo de Greenpeace Chile), Pía Vargas (ex integrante del Centro de Estudiantes Periodismo, Universidad de Chile), Danae Díaz (dirigenta de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal), Giorgio Jackson (coordinador de Acción Digital, Revolución Democrática) y Eduardo Villavicencio (dirigente del Centro de Alumnos de la U. de Talca).

El encuentro se realizará este jueves 10 de mayo, desde las 9:00 horas, en el Campus Santiago de la Universidad de Talca (Quebec 415, Providencia). La entrada es libre pero los cupos son limitados y debes inscribirte antes acá.

Luego que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) derivara la solicitud de acceso a información sobre negociaciones de Chile en el TPP a la Presidencia de la República, este último organismo respondió que “no existe registro ni antecedente alguno en nuestra Institución que dé cuenta de las negociaciones que Chile realiza en el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP)”.

En su respuesta, Presidencia dice no tener ningún antecedente que acredite la necesidad de suscribir este TLC, como tampoco existe un informe de gastos ni un listado de profesionales que estén participando en estas negociaciones: “los funcionarios de Presidencia de la República no participan en negociaciones del TPP, esta institución tampoco ha incurrido en gastos por este concepto, y por lo mismo, no tenemos informes de ninguna naturaleza que entregar”.

Para Daniel Álvarez, abogado y miembro de ONG Derechos Digitales, la respuesta de Presidencia es grave: “Es el Presidente de la República quien, conforme a la Constitución, conduce las relaciones internacionales, por lo tanto, es difícil creer que no tengan informes jurídicos, económicos, políticos o sobre los efectos que tendrá en la ciudadanía y sus derechos. Menos, cuando es un acuerdo de libre comercio que el propio Presidente ha anunciado que Chile suscribirá”.

La solicitud de acceso (que fue ingresada por ONG Derechos Digitales y Fundación Pro Acceso a principios de marzo del 2012 y tuvo una respuesta parcial del DIRECON en abril) se interpuso con el fin de conocer oficialmente los términos de la negociación de este tratado de libre comercio, el que según filtraciones, provocaría un serio riesgo a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Particularmente, preocupa la potencial censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor, entre otros.

Después de esta respuesta de Presidencia, ONG Derechos Digitales adelantó que, por un lado, recurrirá de amparo ante el Consejo para la Transparencia; y por otro, que estará presente en la próxima ronda de negociaciones del TPP que ocurrirá en Dallas, Estados Unidos.

El encuentro, que contará con 2 paneles más (Movimientos ciudadanos y derecho a la comunicación; y Obstáculos para la libertad de prensa en Chile: propiedad, usos y acceso) se realizará este 2 de mayo en la Cineteca del Centro Cultural Palacio de la Moneda, a partir de las 9:00 horas. El encuentro es gratuito y solo debes reservar tu cupo.

El 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inconstitucional el procesamiento de información personal efectuado por la Policía de Investigaciones. En la ocasión, un funcionario policial había hecho uso de información errada y antiquísima contenida en las bases de datos policiales para denostar públicamente al apoderado de un establecimiento educacional, por supuestas ordenes de aprehensión pendientes en su contra. La Policía de Investigaciones infringía el derecho a la vida privada al procesar información personal ilegalmente.

El 2008, la Policía de Investigaciones insistió en obtener la individualización de un usuario de la pagina web Huelga.cl, amedrentando al administrador del sitio para que éste revelase la información, a pesar de no existir orden judicial que respaldase la solicitud. Tras la reclamación ante el tribunal respectivo, la policía desistió de su solicitud. El caso puso en evidencia el proceder ilegal de la Policía de Investigaciones al recolectar pruebas con infracción a la vida privada de las personas y sin orden judicial.

El 2010, nuevamente la Policía de Investigaciones intentó obtener información de los usuarios de un sitio web, esta vez el sitio afectado era LoserPower. Tras la reclamación ante las mismas autoridades policiales, éstas parecen haber desistido. La Policía de Investigaciones persiste en infringir el derecho a la vida privada al acceder ilegalmente a la información retenida por los prestadores de servicio de Internet.

El 2012, CIPER Chile denunció el uso por la Policía de Investigaciones de un potente scanner capaz de hacer radiografía de vehículos y pasajeros en tránsito. El scanner era usado a pesar de la prohibición impuesta por la autoridad sanitaria para su empleo con personas. Una vez más, la Policía de Investigaciones infringía, junto al derecho a la salud de los afectados, su derecho a la vida privada al exponerlos a prácticas invasivas de su persona sin autorización ni consentimiento de los afectados.

La continua violación del derecho a la vida privada por la Policía de Investigaciones le ha merecido reconocimientos internacionales también. Así, el Reporte sobre Derechos Humanos 2009, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluye una mención honrosa por monitorear el funcionamiento de Internet, bajo el pretexto de investigar ciertos delitos.

Frente a esta continua violación al derecho a la vida privada por parte de la Policía de Investigaciones, ONG Derechos Digitales solicitó a las autoridades policiales acceso a las políticas que han sido definidas por la institución para identificar usuarios de Internet supuestamente envueltos en actividades delictivas, uno de los aspectos en que la policía ha demostrado presentar más problemas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la Policía de Investigaciones no tiene instructivos ni manual de procedimientos, porque ellos se limitan a “cumplir con la ley”. Lo paradojal es que todas estas denuncias ponen de manifiesto precisamente lo contrario: la Policía de Investigaciones no cumple con la ley y viola sistemáticamente el derecho a la vida privada de las personas.

El resguardo del orden público es una meta de la actividad policial que ciertamente todos compartimos. Sin embargo, la actividad policial debe conducirse con apego a la ley. Violar la privacidad de las personas, sin ajustarse a las exigencias legales, pone a los funcionarios policiales no en el rol de garantes, sino que en el banquillo de los acusados. Para ONG Derechos Digitales es necesario que tanto la ciudadanía como la policía tomen conciencia de los derechos y obligaciones que les competen, así como que las autoridades adopten las medidas necesarias para corregir las violaciones ya cometidas y prevenir otras nuevas.

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Alberto Cerda Silva

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, la Biblioteca de la Universidad Pedro de Valdivia – Sede Chillán, ha organizado una charla titulada “Derechos de Autor y Bibliotecas”, en la que estará presente ONG Derechos Digitales representada por uno de sus investigadores. La actividad tendrá lugar el día viernes 27 de abril a las 15 horas en la Sala de Reuniones del tercer piso del Estadio Nelson Oyarzún Arenas. Puedes descargar la invitación para asistir a la charla aquí.

Imágen bajo licencia CC:BY-SA de Mi Planeta Personal

El Centro de Sistemas Públicos invita al lanzamiento del libro “polisDigital: Algunas ideas y sueños para el desarrollo digital de los países”, de Alejandro Barros, con la colaboración de Hugo Martínez y los integrantes de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz y Alberto Cerda.

La publicación, que es una recopilación de las reflexiones de Alejandro Barros de los últimos años sobre desarrollo digital en los países de la región, contiene capítulos desarrollados por Hugo Martínez en el área de educación y de Claudio Ruiz y Alberto Cerda en materias del marco normativo para el desarrollo digital.

El libro será presentado por Claudio Orrego y Rafael Ariztía, este lunes 14 de mayo del 2012 a las 12 horas, en el Auditorio Telefónica (AV. Providencia 111, Santiago).

“El nuevo cineasta que hay que conocer es Kirby Ferguson, un neoyorquino medio nerd de 32 años, que, sin haber creado nada realmente original, sin haber ganado o participado en festival alguno, se ha transformado en algo así como un gurú, un hijo de Steve Jobs, Walt Disney, Ted Turner y Bill Gates. O quizás es una mezcla entre David Fincher, Mark Zuckerberg, Spike Jonze y el filósofo pop eslavo Slavoj Zizek. Ferguson está armando un documental-tratado cinéfilo (un work-in-progress que sigue en progress) frente a todos: en la red”.

Así de demoledora es la presentación que hace Alberto Fuguet del creador de “Everything is a Remix”, un documental de 4 partes que gira en torno a cómo la copia y el remix son partes integrales de los procesos creativos. Y es justamente este trabajo, que ya tiene más de cuatro millones de visitas en Internet, el que será presentado por el propio Ferguson en una de las actividades que tiene agendadas en nuestro país: martes 24 de abril a las 11.30 horas. Tras la proyección, el cineasta conversará de la película con Fuguet.

La otra actividad será el miércoles 25, a las 11.30 horas. Se trata de una mesa redonda sobre el derecho de autor, donde estará junto a otros invitados nacionales, como Andrés Valdivia de Noise Media, Alberto Fuguet e incluso Claudio Ruiz de ONG Derechos Digitales.

Ambas actividades, organizadas por la la Universidad Diego Portales, son gratuitas, contarán con traducción simultánea y se realizarán en la biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324, Santiago).