El conocimiento es esencial para muchos valores y actividades humanas, incluida la libertad, el ejercicio del poder político y económico, el desarrollo social y personal. Por eso, el movimiento A2K (Acceso al Conocimiento) toma como sus preocupaciones los derechos de autor y otras regulaciones que afectan al conocimiento, de manera de poner en relieve la importancia social del acceso a él.

En este contexto, en The Free Culture Conference 2010, a realizarse en Washington (Estados Unidos) este 13 y 14 de febrero, han decidido dedicar una de sus mesas de discusión al “Open Access & A2K”. Y allí, precisamente, el presidente de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, estará participando para presentar la experiencia chilena de llevar temas del acceso al conocimiento y el copyfight al Congreso nacional.

Para más antecedentes de lo que ocurrirá en este encuentro internacional, está la web oficial del evento.

…Tener un dominio público saludable y próspero es esencial para el bienestar social y económico de nuestras sociedades. El dominio público juega un papel capital en los ámbitos de la educación, la ciencia, el patrimonio cultural y la información del sector público. Un dominio público saludable y próspero es uno de los prerrequisitos para garantizar que los principios del artículo  27 (1) de la Declaración universal de los derechos humanos (‘Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes ya participar en el progreso científico y sus beneficios.’) pueda ser disfrutado por cualquiera en cualquier parte del mundo.

La sociedad de la información digital en red ha llevado la cuestión del dominio público al primer plano de las discusiones sobre propiedad intelectual. Para preservar y reforzar el dominio público necesitamos una interpretación sólida y actualizada de la naturaleza y el papel de este recurso esencial. Este Manifiesto del Dominio Público define el dominio público y señala las directrices y los principios necesarios para un dominio público saludable en los inicios del siglo XXI.

Lo anterior es parte del Manifiesto del Dominio Público, documento que fue elaborado en el contexto de COMMUNIA, la red temática europea sobre el dominio público digital, y que está disponible en múltiples idiomas, entre ellos, claro, el español.

ONG Derechos Digitales adhiere a los principios de este manifiesto, como otra forma de reiterar su compromiso en el trabajo de fortalecer el dominio público nacional, y fomentar así temas claves para el desarrollo de cualquier comunidad, como la la educación, el comercio, la cultura y la creatividad. Valoramos que se creen instancias globales que logren reunir a diversos actores interesados en el patrimonio cultural común y, por cierto, hacemos un abierto llamado a personas y organizaciones chilenas a que adhieran a esta iniciativa.

Aseveraciones como aquella pretenden levantar un velo de duda inaceptable respecto del trabajo que, a costa de la independencia y muchas veces del voluntariado, hemos desarrollado durante los últimos años en defensa de los derechos fundamentales, cuando se trata de regulación de tecnología.

El trabajo de la ONG Derechos Digitales ha sido financiado, en un principio, a partir de aportes de sus socios y, durante los últimos años, gracias a fondos concursables y de la realización de asesorías y consultorías para organismos internacionales, como también para organismos públicos en nuestro país. Sus avances y productos, por cierto, es posible encontrarlos en nuestra página web.

En un país donde tanta falta hacen organizaciones que lleven un discurso ciudadano y crítico cuando se trata de regulaciones tan sensibles como son, en este caso, las relativas a tecnología, la propagación de rumores sin fundamento sólo busca como consecuencia la merma de visiones alternativas que no responden a intereses privados ni de clientes corporativos y, por consiguiente, de un ejercicio democrático limitado.

Reiteramos el compromiso de todo el equipo de ONG Derechos Digitales para llevar adelante proyectos relevantes para la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital desde el interés público, muchos de los cuales han captado el apoyo voluntario de una serie de asociaciones o personas naturales, tal como es el caso, por ejemplo, de la campaña ciudadana No Soy Delincuente. Esperamos que la información, y por sobre todo, el respeto a la labor de instituciones sin fines de lucro como las ONGs, sea lo que prevalezca ante rumores malintencionados y falaces que intentan empobrecer el debate público y empañar visiones alternativas de interés público.

Sin otro particular.

Equipo ONG Derechos Digitales.

La revista Paula hizo un especial sobre el copyright en su edición del pasado 16 de enero. En ese contexto, Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, habló sobre la protección legal que brinda Creative Commons a las obras y recordó lo ocurrido en el caso Panda Punk. ¿Plagio, copia o creatividad?, son algunas de las aristas del reportaje.

La pregunta fue formulada al director de la SCD, Juan Antonio Durán, al abogado de la UDP, Íñigo de la Maza y al presidente de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz. Expansiva UDP ha puesto a disposición pública las transcripciones de las entrevistas y los videos de los participantes.

En la oportunidad, el representante de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, valoró la nueva ley de propiedad intelectual chilena pero advirtió que hay temas importantes de los cuales la legislación todavía no se hace cargo: por un lado, establecer un sistema público de difusión y protección de aquellas obras intelectuales que están en el dominio público o aquellas denominadas patrimonio cultural común; y por otro, solucionar la situación de las obras denominadas huérfanas, que son obras que están protegidas por la ley de derecho de autor, pero que se hace imposible poder saber quiénes son sus titulares de derecho.

Desde un novedoso contexto nacional, Danae nos cuenta sobre las opiniones de músicos y cabezas de la industria, además de sus perspectivas sobre el tema una vez realizado el documental.

El podcast lo puedes descargar/escuchar acá.

Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, habló con Derecho a Leer sobre la nueva ley de propiedad intelectual chilena y sobre la web 2.0 y el activismo ciudadano. La entrevista completa está acá. A continuación, un pequeño adelanto:

“Me parece que internet y las nuevas tecnologías en general suponen la posibilidad de poder hacer notar mucho más la voz de la ciudadanía. Y efectivamente a veces es posible a través de un activismo medial lograr que se modifiquen o encaucen decisiones políticas erráticas. El problema está en que en esto hay una trampa, que consiste en creer que sólo a través de clicks y rabiosos mensajes en twitter estamos haciendo ciudadanía y activismo. Si bien estas medidas son importantes para la información y asociatividad, la verdad es que si éstas no apuntan a medidas concretas y específicas a actores políticos, corremos el riesgo de disgregar el mensaje y finalmente no lograr los objetivos esperados.

De hecho creo que el caso español es muy interesante precisamente por lo mismo. España, a diferencia de los países de nuestra región, tiene un nivel de discusión –y de influencia medial incluso– muy importante respecto de los derechos de autor y sus equilibrios en la era digital. Pero a pesar de eso, las últimas propuestas políticas de reformas que se han hecho en España han apuntado precisamente en la dirección contraria, a seguir protegiendo intereses de titulares de derechos sin importar ni el interés ni los derechos del público.

Creo que es un ejemplo interesante de cómo el activismo desde nuestros escritorios no es suficiente para lograr modificaciones normativas reales. Sirve, sin ninguna duda, pero su utilidad va a estar determinada por el próximo cambio legislativo que se quiera proponer, que –siguiendo la pauta– estará pensado una vez más en proteger modelos de negocio vetustos y a una industria que no se quiere adaptar, sino que quiere por ley mantener privilegios comerciales que se encuentran obsoletos. El problema es que lo hacen a costa de nuestros derechos”.

Así hoy vemos con perplejidad cómo en España, con la excusa de la protección de los derechos de autor en la web, las políticas públicas disponen un organismo de carácter policial que no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos, permite mostrar voces antes inapreciables en los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios y estadios de creatividad.

Este es el caso de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual de España, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, que tendrá el poder de bloquear sitios de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de obras sujetas a derechos de autor (música, videos, fotografías, textos, etc.). De esta manera, las compañías de acceso a Internet tienen la obligación de dar datos personales de los usuarios a esta comisión cuando los solicite, y si se comprueba la falta y no se atienden los llamados de advertencia de este organismo, éste puede ordenar el bloqueo de una web en particular, sin intervención previa del juez salvo que la misma comisión lo decida.

En otras palabras, el ciudadano interpelado por la comisión no tiene posibilidad alguna de defenderse ni de exponer sus argumentos frente a una instancia neutra, garante de derechos, como es la Justicia en todo país democrático.

La polémica no se ha hecho esperar en España y ya agrupaciones de ciudadanos han redactado un manifiesto llamado “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” donde, en 10 puntos, se expone el peligro inminente a los derechos humanos que significa la creación de esta Comisión de Propiedad Intelectual.

La situación española por cierto recuerda una de las discusiones más polémicas en la nueva ley de propiedad intelectual chilena: la idea de algunos agrupaciones de defensa de derecho de autor que buscaba que fuera suficiente solo un trámite administrativo (por ejemplo, una carta certificada de parte del titular de los derechos de autor de una obra) para bloquear o eliminar un contenido de Internet.

Fue gracias a la presión ciudadana de miles de chilenos que se organizaron a través de instancias online como offline, lo que permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron Usos Justos que por primera vez garantizaban derechos de acceso a obras intelectuales a los chilenos, entre otros avances.

No está todo ganado. La situación de España no solo recuerda que hay mucho que avanzar en el fortalecimiento del acceso a la cultura en Chile (como por ejemplo, establecer una política pública sistemática de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común), sino que también es una alarma para no olvidar cómo Internet es hoy un campo de disputas que no puede llevar a los ciudadanos a bajar la guardia. Los intereses comerciales y las presiones privadas a los organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital.

En la oportunidad, y junto a destacados expositores, Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, dictará la charla “Las reglas del juego en Internet: Implicancias de la nueva Ley de Propiedad Intelectual en el Comercio Electrónico”.

Para conocer detalles del programa, inscripción y dirección del evento, se puede consultar el sitio web dedicado al Congreso.