El ejemplar incluyen columnas de opinión, una vitrina con sitios web que se nutren del dominio público, notas del absurdo y una entrevista a la líder de Creative Commons en Colombia, Carolina Botero.

El inserto ocupa las páginas centrales del medio de prensa y es preparado por ONG Derechos Digitales, gracias al apoyo de Ford Foundation y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

SANTIAGO.- Chile se consagra como el primer país de Latinoamérica donde se hace un encuentro internacional de líderes de Creative Commons, una de las iniciativas madres de la cultura libre, que consiste en un set de licencias de derechos de autor que plantea la idea de “algunos derechos reservados”, como alternativa a la expresión “todos los derechos reservados”.

Se trata de Latam Commons ’08, organizado por la ONG Derechos Digitales y Duoc UC sede Alonso Ovalle, que se llevará a cabo en la capital entre el 19 y 21 de noviembre, y que pretende ser una instancia de conocimiento mutuo, y afianzamiento de lazos de los diversos proyectos de cultura libre que se están haciendo en la región.

La iniciativa de tres días, contará con dos jornadas en las que se abordarán aspectos relacionados, por un lado, al estado de desarrollo de las licencias de Creative Commons Internacional, y por otro, a la iniciativa educacional de Creative Commons llamada ccLearn.

“En la ocasión va a estar el director ejecutivo de ccLearn, Ahrash Bissell, que presentará por primera vez, de manera pública, este proyecto educacional que tiene como objetivo eliminar las barreras tanto legales, técnicas como sociales que dificultan compartir y reutilizar materiales educativos”, cuenta Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales.

Si bien las dos primeras jornadas no son abiertas a todo público, Ruiz asegura que “los trabajos y las conclusiones de esos dos días van a ser publicadas por la página web de Creative Commons Chile de manera de asegurar el acceso a la información de todo el interesado en este inédito encuentro en Latinoamérica”.

Además, el 21 de noviembre el Latam Commons ’08 llegará a su fin con un evento gratuito y completamente abierto para el público general llamado “Seminario Internacional de Dominio Público, Bienes Culturales para Todos”, a realizarse a partir de las 9:00 AM en el Aula Magna de DUOC-UC Sede Padre Alonso de Ovalle. Para asistir, los interesados solo se deben registrar en la web www.accesoalacultura.cl, donde además encontrarán el programa y una completa cobertura de la ocasión.

Este Seminario busca promover una reflexión crítica en el público general respecto de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en relación a las obras que forman parte del Dominio Público (creaciones que ya no tienen derechos patrimoniales de autor), y su impacto en el acceso a la cultura y el conocimiento. Para ello se contarán con testimonios internacionales y nacionales de especialistas, por lo que se espera identificar las mejores prácticas del empleo del dominio público.

“El Seminario – afirma Ruiz- es una oportunidad no solo para el público interesado en temáticas de educación, cultura libre y conservación patrimonial, entre otras, sino también para quienes tienen inquietudes sobre cómo, en tiempos de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, se hace equilibrar nuestra legislación en esta materia, para lograr una mejor vinculación del derecho de autor con el acceso la cultura y la formación del patrimonio cultural común, que es de todos y alimenta nuestro acervo y creación cultural”.

Además, en el marco de la discusión parlamentaria a las modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual chilena, están en juego varios avances en su modernización que son vitales para fortalecer al dominio público, piedra angular del patrimonio cultural chileno, toda vez que es de libre difusión y acceso.

Con todo, en las tres jornadas del Latam Commons ’08, Chile recibirá líderes de Creative Commons de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, además de otros invitados internacionales y nacionales. Por cierto, Chile cuenta con la adaptación de Creative Commons a la legislación nacional desde el 2005.

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Publicado en El Mercurio, en El Mostrador, La Segunda, Emol y El Ciudadano.

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Youtube comenzó en 2005 como una aventura en solitario de los entonces un par de empleados de la compañía de pagos en línea Paypal. Incluso antes de su compra en 2006, en más de mil millones de dólares por parte de Google, la compañía era considerada el gran repositorio universal de contenido audiovisual del mundo. Si Google es de facto la puerta de entrada para encontrar contenido en las páginas webs que pueblan la Internet, Youtube es de facto la puerta de entrada para encontrar contenido audiovisual.

Si bien esto ha constituido un salto sideral en lo que al acceso se refiere, no ha estado exento de problemas derivados del legítimo resguardo de los derechos de autor. Los titulares de los derechos televisivos de la Liga Inglesa de Fútbol y Viacom iniciaron demandas judiciales en contra de la compañía por daños producidos a raíz de la exhibición pública de videos en detrimento de los derechos patrimoniales de sus titulares. Sin ir más lejos Viacom (dueña, entre otros, de los derechos sobre MTV, Nickelodeon y Comedy Central) en su demanda exige más de mil millones de dólares como reparación por daños, además del listado de los usuarios de Youtube y del código fuente que hace posible su funcionamiento.

Como todas las cosas, muchas de estas pretensiones son perfectamente legítimas y responden a formas que entrega la ley -norteamericana en este caso- para que los titulares puedan defender sus derechos frente a las utilizaciones no autorizadas de material protegido por parte de terceros, tal como acontece en el caso de Viacom.

Sin embargo, al mismo tiempo, en ciertos casos la reacción de ciertos titulares muchas veces supone la utilización de los medios legales para fines menos legítimos. Así, en el caso Lenz, donde Universal solicita la bajada del video de un menor de edad que baila un imperceptible Let’s Go Crazy de Prince puso en tela de juicio el cómo estos titulares de derechos utilizan las herramientas del derecho de autor para combatir utilizaciones legítimas por parte de la gente.

El crecimiento sostenido de los derechos de autor en el mundo entero en detrimento de los derechos del público, como los usos incidentales o justos, ha hecho que los derechos de autor se conviertan en un instrumento para combatir, además de la piratería, los usos justos, la competencia y hasta los discursos críticos.

Durante estos días se ha hecho público el acuerdo entre la Metro Goldwin Meyer y Youtube para comenzar un progresivo aunque en principio timorato programa de subida de contenidos completos a la red de propiedad de Google. Lo interesante del acuerdo no es que sea único en su tipo. Sin ir más lejos, HULU.com desde hace un tiempo ofrece contenido completo de Fox networks, NBC y CBS, para sus clientes dentro de Estados Unidos. Lo interesante resulta ser la forma distinta en la que la industria del espectáculo observa fenómenos como Youtube. Mientras hasta hace sólo algunos meses su proliferación significaba según ellos la muerte de los derechos de autor en manos de malvadas corporaciones, hoy se transforman en socios comerciales.

Mientras en Chile algunos insisten, con balbuceos ininteligibles y mediante argumentos que parecen sacados de película de ciencia ficción, que los proveedores de Internet deben responder por las infracciones a los derechos de autor que se hacen a través de sus redes, de a poco el mundo del entretenimiento pareciera ir avanzando en una dirección firme y clara hacia considerar a servicios tales como Youtube sus socios comerciales. La buena noticia es que los beneficiados, por primera vez, no son sólo las empresas, sino que son los derechos de acceso de todos nosotros.

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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

El día 21 de Noviembre de 2008, en el Aula Magna de DUOC-UC Sede Padre Alonso de Ovalle se realizará el “Seminario Internacional de Dominio Público, Bienes Culturales para Todos” (http://accesoalacultura.cl/), el que pretende promover una reflexión sobre el estado del Patrimonio Cultural Común en Latinoamérica.

Además de destacados especialistas nacionales en la materia, contaremos con la presencia de Catharina Maracke (directora de Creative Commons International), Carolina Botero (líder de Creative Commons Colombia y Fundación Karisma), Carlos Affonso Pereira (coordinador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, Brasil) y Ahrash Bissell (director de Creative Commons Learn).

La invitación es abierta y completamente gratuita, a pesar de lo cual -producto de la limitación de espacio- hemos habilitado un simple sistema de registro en la página web diseñada especialmente al efecto (http://accesoalacultura.cl/).

Están todos invitados a participar y difundir la actividad. Creemos que en momentos donde se está discutiendo una de las reformas más importantes a la ley de propiedad intelectual en Chile, resulta necesario, urgente, plantear los desafíos del resguardo y la promoción del patrimonio cultural común en el país. El programa completo puede verse en http://accesoalacultura.cl/el-programa

Hagan correr la voz. Están todos invitados!

Este número se destina íntegramente a la música, incluyendo columnas de opinión, entrevistas al netlabel “Pueblo Nuevo”, una vitrina con obras licenciadas con Creative Commons, notas del absurdo y más.

El inserto ocupa las páginas centrales del medio de prensa y es preparado por ONG Derechos Digitales, gracias al apoyo de Ford Foundation y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Así que ve al kiosco más próximo por él. Pronto también disponible en línea.

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La Organización Mundial de Ciegos ha preparado recientemente un borrador de tratado internacional para armonizar la regulación de la propiedad intelectual con las necesidades propias de un grupo de personas: los discapacitados visuales. La iniciativa será presentada esta semana al comité especial sobre derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se espera su respaldo por los distintos países que integran el mencionado organismo internacional.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el caso del continente Americano, hay ochenta y cuatro millones de personas con discapacidad, y en el caso de América del Sur, la cantidad se encuentra entre un 7 y 10% de la población total. De ellos, la mayor parte tiene serios inconvenientes para disfrutar a cabalidad de la lectura, ya sea por impedimentos visuales o motrices.

Sin acceso a la lectura por medios convencionales, las personas discapacitadas han debido recurrir a mecanismos alternativos, tales como el sistema Braille y la grabación de audio de textos, en el caso de los discapacitados visuales. A través de dichos mecanismos, se trata, en último término, de garantizar a la población que sufre discapacidad visual el acceso a las obras artísticas e intelectuales.

Pero el acceso por las personas discapacitadas se ve obstaculizado por la ausencia de normas apropiadas en la ley de propiedad intelectual que les permita un uso adecuado de las obras, obligando a una burocrática, onerosa y agobiante gestión de derechos de autor. Precisamente por ello, varios países han incluido en sus leyes excepciones y limitaciones al derecho de autor, mediante las cuales se autoriza a las personas discapacitadas para usar apropiadamente las obras, sin necesidad de solicitar permiso del titular de los derechos de autor, ni pagar por tal uso.

La iniciativa de la Unión Mundial de Ciegos insta a los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a tomar medidas que garanticen en todos los países la aprobación de normas especiales en la ley de propiedad intelectual, para garantizar el acceso a la cultura a la población discapacitada.

Es de esperar que los distintos países brinden respaldo a la iniciativa de la Unión Mundial de Ciegos, que simplemente busca remover trabas injustas para lograr la plena inserción cultural y social de las personas discapacitadas.

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Artículo publicado por Terra Magazine bajo Licencia Creative Commons Chile.

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Señor Director,

La Organización Mundial de Ciegos ha preparado recientemente un borrador de tratado internacional para garantizar el acceso a las obras artísticas y culturales por la población que sufre discapacidad visual. En Chile, un 5% de la población experimenta algún tipo de tal discapacidad, lo que obstaculiza su acceso a la lectura, las artes y, en general, su plena inserción social y cultural. Ello se agrava por la ausencia de normas apropiadas en la ley de derechos de autor, por estos días en el debate, que permita un uso adecuado de la obra.

El gobierno debe definir si hará propia tal iniciativa, apoyándola decididamente en la próxima reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual prevista para la próxima semana. Huelga decir que muchos esperamos que se tomen medidas que garanticen el acceso a la cultura a la población discapacitada en el mundo, tal como la aprobación de normas especiales en la polémica ley de propiedad intelectual.

Alberto Cerda Silva

La adopción de normas especiales en relación al acceso y uso de las obras por las personas discapacitadas es esencial para la plena integración social de ellas. Desafortunadamente, hasta la fecha no todos los países tienen disposiciones que garanticen tal integración; Chile es uno de ellos.

En este contexto, ONG Derechos Digitales ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que haga propia la propuesta de la Unión Mundial de Ciegos y, en definitiva, la presente en la próxima sesión del Comité Permanente de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR) que tendrá lugar en Noviembre próximo.

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Documentos relacionados:
- Propuesta de Tratado OMPI en relación con los ciegos, las personas con deficiencias visuales y otras personas con discapacidad para la lectura.
- Carta de ONG Derechos Digitales al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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Con cierto desenfado hay quienes preconizan que la labor de bibliotecas y universidades desconoce los derechos de propiedad intelectual, pasando por alto la profusa labor de difusión cultural que tales establecimientos desarrollan en pro de la comunidad, y aún de los propios creadores. No viene al caso detenerse en tal obviedad, pero si parece oportuno –especialmente de cara a la ardua discusión en torno a una nueva ley de propiedad intelectual– considerar en breve cómo nuestra normativa constituye un óbice a la labor de la academia y de las bibliotecas.

Hoy, sólo alrededor de un 10% de las obras publicadas cuentan con una segunda edición o tiraje. El grueso de la producción literaria se agota con una primera y única tirada, obstaculizando el acceso a las fuentes de información para quienes carecen de tales ejemplares. Si una obra en tal caso no se encuentra en el mercado, ¿podrá un usuario hacer legítimamente copia de ella?

Tratándose de publicaciones de valor académico, año a año el mercado es incapaz de satisfacer a cabalidad las demandas de las bibliotecas universitarias, en especial en las áreas de humanidades y de las ciencias sociales. Aproximadamente un cuarto de las órdenes de compra emitidas por estos establecimientos no encuentran eco en el mercado; la mitad de estos textos constituyen bibliografía calificada de esencial por sus docentes. Sin acceso a las obras, sin un proveedor, ¿podrá legítimamente un estudiante hacer copia de tales textos?

Adicionalmente a la labor de proveer acceso a los estudiantes, un significativo grupo de bibliotecas universitarias –al igual como centros de documentación y museos– desarrolla labores de preservación y conservación patrimonial. En ocasiones ello exige retirar los ejemplares de las obras de estantería y, sin disponibilidad en el medio, suplirlos por copias. A efectos de conservación y preservación del patrimonio cultural del país, y sin mediar pretensiones comerciales, ¿podrá legítimamente una biblioteca microfilmar, digitalizar u efectuar algún proceso de copia de las mencionadas obras?

La modernización de la malla curricular y la actualización de contenidos obligan a los docentes a nutrirse de literatura extranjera, no siempre disponible en línea, ni en español. Desafortunadamente, el mercado local y aún el de lengua castellana resultan de escaso atractivo para varios sellos internacionales. Sin traducción disponible en el medio, ¿podrá legítimamente un académico traducir una obra y distribuir ejemplares de ella en aula para efectos docentes?

Todas y cada una de las preguntas anteriores –y otras muchas más que inciden en la labor cotidiana de establecimientos educacionales, bibliotecas, archivos y museos– tienen una respuesta negativa en nuestra legislación; cualquiera de estos actos es ilícito en Chile. En cambio, ya sea a través de un adecuado régimen de excepciones a la explotación monopólica de los derechos de autor, o bien de un sistema de fair use, la generalidad de los países desarrollados admiten como legítimas tales prácticas, dando respuestas afirmativas a esas y otras interrogantes de similar calado.

Erradamente, para algunas ortodoxas voces defensoras de los derechos de autor, cualquier merma al eventual beneficio económico de sus monopólicos derechos constituye una inadmisible erosión a la propiedad privada, obviando la función social que ésta cumple y con ello la necesidad de disponer en nuestra normativa legal de un adecuado régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor.

Los derechos de autor deben protegerse, pero en caso alguno su protección puede implicar –como lamentablemente sucede en Chile– entorpecer la actividad de establecimientos educacionales y bibliotecas, obstaculizar la creatividad, sacrificar la competitividad de la industria tecnológica y cultural local, ni comprometer la libertad de expresión y el acceso a la cultura.

Naturalmente, el desarrollo de la actividad académica y bibliotecaria tiene un marco normativo de referencia de mayor vastedad que el concerniente a los derechos de autor, pero debe admitirse la importancia de disponer de excepciones que les garanticen el adecuado funcionamiento de las universidades, bibliotecas, archivos y museos. Insistir en desconocer su importancia es pecar de ignorancia o llamarnos simplemente al engaño.

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Alberto Cerda Silva
Profesor de Derecho de la Universidad de Chile
Director de Estudios ONG Derechos Digitales

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Señor Director:

El proyecto de ley que modifica nuestra legislación de propiedad intelectual y que se encuentra en trámite en el Senado es el primer intento serio para actualizar nuestra legislación sobre la materia, lo que ha interesado a los diferentes sectores involucrados, quienes han hecho ver sus distintos puntos de vista ante el gobierno y los H. senadores.

Para estos efectos, y sin tener claro el cómo, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) ha acordado con el Gobierno una serie de modificaciones al proyecto que atacan el corazón de esta importante modernización, que además intenta cumplir con los compromisos asumidos por Chile en el TLC con los Estados Unidos.

Diversas organizaciones agrupadas en Trato Justo Para Todos (Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), ONG Derechos Digitales, Colegio de Bibliotecarios AG, Comisión de Directores de Bibliotecas (CABID), Asociación Proveedores de Internet (API), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) y Liberación Digital) le han manifestado al gobierno, en la persona de la ministra de Cultura, su sorpresa y preocupación por esta negociación, que afectará gravemente a diversos sectores e industrias y también a toda la sociedad.

El proyecto en cuestión, que trata de recoger los cambios que ha generado el llamado entorno digital, no sólo persigue aumentar las penas para los delitos contra la propiedad intelectual, fijar reglas claras de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de internet y un procedimiento arbitral respecto de las tarifas fijadas unilateralmente por las entidades de gestión colectiva, sino que además busca autorizar ciertos usos de las obras a favor de las bibliotecas y archivos, principales conservadores y proveedores de información a la sociedad civil. El acuerdo en cuestión dejaría en total desprotección al ciudadano, consumidor por excelencia de información y generador de conocimiento y cultura de un país.

Por todo lo anterior, exigimos un trato justo, pero no para algunos, sino que para todos. Y por esa razón continuaremos trabajando por no perder esta oportunidad de poner a Chile a la altura de los estándares internacionales.

RODRIGO ROJAS
Trato Justo Para Todos