A sólo doce horas de lanzada la campaña “¿SOPA en Chile?”, más de 3.500 ciudadanos se comunicaron electrónicamente con el Sr. Presidente de la República y sus principales asesores, a fin de solicitar que se pronuncie sobre las negociaciones secretas que se están llevando a cabo para la suscripción de un nuevo tratado de libre comercio en el área del Asia Pacífico, conocido como “TPP”. A través de la filtración de uno de los capítulos de este tratado, la opinión pública pudo constatar que se incluyen normas sobre propiedad intelectual en Internet que podrían tener consecuencias en Chile similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

Ante esta demostración de acción ciudadana organizada por ONG Derechos Digitales, la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON), organismo encargado de las negociaciones, publicó una declaración pública donde confirmó el carácter secreto de las negociaciones y señaló que en materia de propiedad intelectual aún se está en negociaciones por lo que no hay definiciones sobre esta materia. No se confirma ni desmiente que exista riesgo para los derechos de los usuarios de Internet en Chile.

ONG Derechos Digitales agradece la disposición permanente de ser recibidos por los equipos negociadores en los limitados espacios de participación establecidos, pero debemos ser enfáticos en señalar que en ninguno de esos espacios se ha permitido acceso al texto en negociación, como sí lo han hecho países como Estados Unidos, que cuenta con un Consejo Asesor que permite cierta participación de la sociedad civil de ese país.

Por lo anterior, en los próximos días presentaremos ante el Presidente de la República una solicitud de acceso a información pública a fin de que sea la máxima autoridad política del país, que por mandato constitucional debe llevar a cabo las negociaciones internacionales, quien decida levantar o mantener el secreto de acuerdos que pueden afectar de manera radical cómo los ciudadanos entienden, usan y aprovechan las potencialidades de Internet.

ONG Derechos Digitales cree firmemente que la transparencia es uno de los principios más importantes a la hora de realizar control y contrapesos en la negociación de acuerdos comerciales de esta magnitud. Pero mientras no se tenga acceso al texto en negociación del “TPP”, es imposible que los miles de ciudadanos que han manifestado su preocupación por el alcance de las negociaciones puedan hacer una defensa más activa e informada de sus derechos.

La campaña online “¿SOPA en Chile?”, organizada por ONG Derechos Digitales, busca que el gobierno chileno se pronuncie sobre la propuesta norteamericana de propiedad intelectual en Internet que se negocia secretamente en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (conocido como “TPP”), y que podría tener consecuencias en el ciberespacio chileno similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

El TPP es un tratado de libre comercio que están negociando de manera secreta Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia, Perú y Chile, que reproduce a nivel local algunas de las peores amenazadas de SOPA, entre ellas, “la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor y la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red, además del aumento de los plazos de protección del derecho de autor” según informa el abogado de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez.

Otros países afectados por el TPP ya se han organizado para buscar que sus gobiernos no aprueben el tratado. En Chile la campaña “¿SOPA en Chile?” busca informar e intervenir. Así, por una parte, se presentan los antecedentes de los efectos en Internet que tendría la aprobación del TPP; y por otra, los cibernautas pueden enviar una carta al Presidente de la República y a sus principales asesores, en la que solicitan directamente no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos ciudadanos.

“Hoy la opinión pública ha visto cómo la presión ciudadana ha podido detener una amenaza a la libertad de expresión en Internet como era el proyecto de ley SOPA. Esa presión también debe ejercerse con el TPP, pues el mismo peligro es concreto e inminente”, sentenció Álvarez.

Aparte de la web, se puede seguir la campaña desde el Facebook de ONG Derechos Digitales, y también desde el hashtag #NoTPP.

[Links de interés]:

-Chile

La Nación: ONG Derechos digitales advierte por acuerdo internacional peor que SOPA

El Mostrador: TPP, la ley secreta similar a la SOPA que amenaza a los cibernautas chilenos

ONG Derechos Digitales: TPP, cucharadas de SOPA

-Internacional

Forbes.com: The TPP is the Next Battleground in the War Over the Internet

Boingboing: Son-of-ACTA, the TPP, wants to legislate buffers

TechDirt: White House Petition Demands TPP Process Be Open & Transparent

Gran revuelo mundial ha provocado la polémica propuesta de ley S.O.P.A. que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos que provocaría, de ser aprobada, un grave atentado contra los derechos humanos en el mundo digital, como hemos denunciado.

Al apagón de la versión inglesa de Wikipedia, se han sumado múltiples campañas en contra de la ley en sitios como Google, Wired, EFF y miles más en todo el mundo. El riesgo de censura de internet que implica S.O.P.A. ha movilizado conjuntamente a usuarios y grandes compañías de la red.

Pero S.O.P.A no es una iniciativa aislada. El gobierno de Estados Unidos actualmente promueve la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, el conocido TPP, cuyo capítulo de propiedad intelectual contiene algunas cucharadas de la misma S.O.P.A.

Así, mientras muchos nos manifestamos en contra del proyecto de ley norteamericano, los gobiernos de Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos se encuentran avanzando rápidamente en un nuevo acuerdo internacional que reproduce una de las peores amenazadas de S.O.P.A.: la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet.

Como permanentemente hemos sostenido en ONG Derechos Digitales, sólo a través de una orden judicial expresa es posible retirar o bloquear un contenido supuestamente infractor de Internet, tal como dispone hoy la Ley de Propiedad Intelectual chilena.

Por ello, llamamos a rechazar las negociaciones del TPP y esperamos que el Gobierno de Chile se comprometa a no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual.

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*Imagen original CC: BY (jacilluch) – SA

Como activistas por los derechos humanos y la libertad de prensa, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la PROTECT IP (PIPA), y la amenaza que supone para los derechos humanos a nivel internacional. Al igual que la HR 3261, la Stop Online Piracy Act (SOPA), PIPA supone el uso de herramientas de la censura, socava la naturaleza global de Internet, y amenaza la libertad de expresión en línea. PIPA introduce un muy preocupante grado de inseguridad jurídica en la economía de Internet, particularmente para los usuarios y las empresas a nivel internacional. Estados Unidos siempre ha sido siempre un líder mundial en favor de la libertad de expresión en internet, e instamos al Senado a no manchar esta reputación aprobando PIPA.

Hoy en día algunos de los países más represivos del mundo -como China, Irán, Yemen, Arabia Saudita y Siria- usan el filtrado de DNS como un medio para silenciar a sus ciudadanos. Más de 80 organizaciones de derechos humanos recientemente escribieron una carta oponiéndose a SOPA dado que supone “la institucionalización del uso de herramientas de la censura en Internet para hacer cumplir la legislación nacional en Estados Unidos… crea una paradoja que socava su autoridad moral para criticar a los regímenes represivos“. De hecho, PIPA enviaría un mensaje inequívoco a otras naciones que el uso de estas herramientas no sólo es aceptable, sino también alentado.

El filtrado de DNS es una forma contundente de censura que es ineficaz en el logro de su objetivo declarado al causar daños colaterales en una escala masiva a las comunidades en línea. Pero mientras que la elusión del filtrado DNS es trivial para los usuarios, esta tecnología podría socavar de manera fundamental la integridad de la Internet global, dejando a los usuarios más vulnerables a los ataques de la seguridad cibernética y al fraude de identidad. Además, cualquier legislación que obligue al filtrado de sitios web es propensa a tener consecuencias no deseadas, como por ejemplo el sobre bloqueo. Por ejemplo, a comienzos del 2011, cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU se dirigió contra el dominio mooo.com, accidentalmente eliminó las direcciones web casi 84.000 nombres de dominio relacionados. Además, una vez que la infraestructura técnica que permite la censura exista, permitirá que los futuros gobiernos (y también los actores privados) puedan bloquear prácticamente cualquier tipo de contenido en la web, haciendo que las disposiciones de esta ley tiendan a ir más allá de sus objetivos iniciales.

Las disposiciones propuestas de debido proceso en este proyecto de ley no respetan la naturaleza global de Internet. Los efectos red de Internet se materializan cuando los usuarios e innovadores son capaces de conectarse a nivel global. Sin embargo, la creación de un mecanismo que requiere que el administrador de un sitio web tenga que recurrir a una corte en EE.UU. con el fin de defenderse de una acusación de infracción podría, de manera totalmente desproporcionada, impactar a pequeñas comunidades y emprendimientos ubicados en el extranjero que no tengan la capacidad de hacer frente a las preocupaciones en Estados Unidos. Estos sitios web arriesgarían perder acceso a servicios de publicidad, proveedores de pago, ser listados de motores de búsqueda, y a su nombre de dominio. En conjunto, estas partes del proyecto de ley llevaría a los innovadores internacionales a dejar de depender de servicios norteamericanos como una protección contra las amenazas de esta ley, perdiendo lo que debería ser el objetivo de esta legislación: prevenir infracciones comerciales de gran escala.

PIPA además crea un problema de doble jurisdicción, por lo que los sitios que no estén ubicados en EEUU deben determinar si un sitio es legal tanto en el país donde opere como también en Estados Unidos. Esto plantea serias preocupaciones sobre el alcance del proyecto de ley, dado que los sitios extranjeros que estén comprendidos en lo que PIPA define como infracción podrían ser perfectamente legales en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el nombre de dominio del sitio español rojadirecta.org, fue incautado a principios de 2011 por las autoridades de EE.UU. sin un adecuado debido proceso, notificación a los titulares del sitio, o una opción de defenderse, a pesar de haber sido declarado legal por dos tribunales españoles.

La definición de “servicios de información de ubicación” es demasiado amplia y podría tener un efecto negativo sobre la expresión en línea. PIPA haría que casi todos los actores de Internet, incluyendo no solo blogs, salas de chat y redes sociales, sino también usuarios, potencialmente sujetos a las órdenes de ejecución del proyecto de ley. Además, el requisito de que los proveedores de servicios actúen “lo más rápidamente posible para eliminar o deshabilitar el acceso” a un sitio web supuestamente infractor impone una carga sin precedentes para cualquier servicio que contenga enlaces, incentivando la detección y retirada de contenidos para evitar ser comprometido en procedimientos legales. Además, incluso si un sitio web es luego declarado inocente, los enlaces a ese sitio podrían haber efectivamente desaparecido de la web, habiendo sido eliminados permanentemente en el momento de la notificación de la orden judicial.

PIPA también es vaga respecto de cómo serían definidos los enlaces, incluyendo si todos los enlaces asociados a un dominio o subdominio serían bloqueados y si esto se aplicaría a futuros intentos de usuarios para publicar contenido. Esta disposición podría interpretarse en una forma que forzaría a supervisar de manera proactiva y por tanto censurar las actividades de los usuarios de aquellos servicios que permiten a sus usuarios publicar enlaces, alterando dramáticamente el papel de estas plataformas en la promoción de la libertad de expresión y establecimiento de un peligroso precedente para otros países.

Entendemos la presión que enfrentan los legisladores para aprobar legislación que haga cumplir las leyes de derechos de autor, y estamos de acuerdo en que la protección de los derechos de los creadores es un objetivo importante. Sin embargo, la necesidad de hacer cumplir estas leyes no puede tener como costo comprometer la garantía de libertad de expresión ni la de debido proceso. Este proyecto de ley es fundamentalmente defectuoso debido a su amplia gama de medidas potencialmente restrictivas y represivas. Incluso si ciertos elementos de la propuesta, como el filtrado de DNS, fueran modificados, pospuestos o reformados, la legislación en su conjunto representa un precedente que es un verdadero peligro para los derechos humanos en Internet. Debemos permanecer conscientes del hecho que Internet es un elemento clave para los derechos humanos y la innovación, y las decisiones sobre su gobierno no debe hacerse a toda prisa y sin plena consideración de sus consecuencias colaterales.

Le pedimos enérgicamente al Senado que defienda los derechos humanos, la Internet abierta, y rechace la PROTECT IP Act.

Este artículo es firmado por las siguientes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional:

• Access
• AGEIA DENSI
• Amnesty International
• Asociatia pentru Technologie si Internet (ApTI)
• Association for Progressive Communications (APC)
• Article 19
• Bits of Freedom
• Bytes for All Pakistan
• Centre for Internet and Society – India
• Communication is Your Right!
• Computer Professionals for Social Responsibility
• Creative Commons Guatemala
• ONG Derechos Digitales – Chile
• Demand Progress
• Digitale Gesellschaft e.V.
• Eduardo Bertoni on behalf of iLEI/CELE UP (Iniciativa Libertad de Expresión en Internet, Centro de Estudios en Libertad de Expresión, Universidad de Palermo, Argentina)
• Electronic Frontier Finland (EFFi)
• EsLaRed
• European Digital Rights (EDRi) (an association of 27 privacy and civil rights groups in Europe)
• FGV/CTS
• FoeBuD
• Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
• Free Network Foundation
• Free Press Unlimited
• Free Software Foundation Europe (FSFE)
• Fundación Karisma
• FUNREDES
• German Working Group against Internet Blocking and Censorship (Arbeitskreis gegen Internet-Sperren und Zensur, AK Zensur)
• Hiram Meléndez-Juarbe on behalf of the New Technologies, Intellectual Property and Society Clinic University of Puerto Rico Law School
• Human Rights Watch
• Index on Censorship
• Instituto Nupef
• Internet Democracy Project – India
• Iuridicum Remedium o.s.
• Julia Group
• Guardian Project
• La Quadrature du Net
• MayFirst/People Link
• Net Users Rights Protection Association (NURPA)
• Open Rights Group (ORG)
• Open Source Initiative
• Palante Technology Cooperative
• Panoptykon Foundation
• People Who
• Public Sphere Project
• Quintessenz
• Reporters Without Borders
• Vrijschrift
• WITNESS
• wlan slovenia, open wireless network

*imagen derivada de esta de Simenon. CC BY

Todo partió de una simple premisa: estamos tan rodeados de noticias relevantes sobre tecnología e interés público que es necesario crear un registro semanal para no perderle la pista a informaciones importantes.

Por eso que desde agosto del 2010, compartimos cada jueves con nuestra lista de correos un resumen de prensa semanal con temas relacionados a las líneas de trabajo de nuestra organización: privacidad y protección de datos personales; derechos de autor y acceso al conocimiento; y libertad de expresión en el entorno digital.

La experiencia ha sido tan positiva, que decidimos relanzar la iniciativa con un nuevo diseño y una mejor plataforma tecnológica, de manera de potenciar su difusión con el resto de la comunidad interesada en la tecnología y el interés público. Pero además, queremos aprovechar esta misma plataforma para concentrar la comunicación de información importante sobre actividades de nuestra organización.

Así que si te quieres informar de los temas más relevantes sobre tecnología e interés público de Chile y el mundo, y si quieres saber informaciones relevantes de nuestras diversas actividades, te invitamos a suscribirte gratuitamente. Y por de pronto, nos vemos el próximo jueves.

*Foto CC (BY Miquel99 – NC)

Hace pocos días conversábamos junto a algunos miembros del equipo de ONG Derechos Digitales sobre lo duro que fue el 2011 para la libertad de expresión y el acceso al conocimiento en Internet. Lo fue, básicamente, por la arremetida del lobby de industrias que insisten en defender mezquinamente modelos de negocios vetustos a través de iniciativas legales que buscan combatir la “piratería” en Internet.

¿Qué ocurrió con Chile? Paralelo a iniciativas legales como SOPA en Estados Unidos, la reactivación del ACTA en México o la ley Sinde en España, nos enteramos gracias a filtraciones no autorizadas del capítulo de propiedad intelectual del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) que es, a todas luces, un atentado para los derechos ciudadanos.

Mientras que en nuestra organización hemos llevado adelante diversas instancias para protestar sobre el TPP, todo indica que este 2012 en Chile y en el mundo la tendencia será continuar endureciendo las leyes sobre propiedad intelectual en el entorno digital.

En este escenario, cobran aún más sentido diversos proyectos que llevamos adelante este 2011, como la campaña #Enlazaresbueno, que defiende la legalidad de linkear en Internet; o Revistas Abiertas, web que entrega herramientas desde el punto de vista legal y técnico para el mundo científico y docente que cree en el acceso abierto al conocimiento.

Y también tienen más urgencia los proyectos que verán la luz este nuevo año, muchos de ellos vinculados con el fortalecimiento de la libertad de expresión en internet. Algunos están asociados a productos de una iniciativa apoyada por The Open Society Institute; u otras instancias para fortalecer la Cultura Libre en el cono sur con Librebus (proyecto que en su edición anterior se hizo en Centroamérica), el relanzamiento de la web de Creative Commons Chile y las nuevas iniciativas hacia la comunidad basadas en los resultados de la “Consulta online a la comunidad de creadores Creative Commons Chile” (¡de la que aún pueden participar!).

El 2012 será, sin dudas, un año complejo para los derechos humanos en el entorno digital. Como organización esperamos apoyar el accionar de una sociedad civil que como se ha demostrado a nivel mundial, no es indiferente a estas tendencias legales. El reto ahora es articular una reflexión que nos permita informar a más niveles en la opinión pública, y que en ese camino, nos puedan acompañar. Tal como en todos estos años.

Si se da una mirada rápida del año 2011, podemos comprender la nueva escalada del lobby a favor de endurecer las penas a las infracciones de propiedad intelectual en Internet.

Tenemos, por ejemplo, la Ley LLeras (presentada en Colombia y que gracias a la presión ciudadana se archivó); el rechazo en México del ACTA; el nuevo tratado de libre comercio que encabeza Estados Unidos y que afecta a Chile, TPP; la polémica y por ahora archivada ley Sinde en España; la ley de la Música en Argentina que todavía está en tramitación; y la reciente pelea en Estados Unidos (aunque sabemos que por eso mismo es una pelea universal) contra la ley SOPA.

Así que en este capítulo de Conexión Social edición ONG Derechos Digiales, reclutamos al presidente de la organización, Claudio Ruiz, que junto a Francisco Vera y Paz Peña, hicieron un repaso de las noticias de este año que demuestran la lamentable tendencia de poner los derechos de propiedad intelectual sobre los derechos humanos de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo indican que la presión ciudadana organizada puede tener resultados felices.

Puedes escuchar y/o descargar el programa acá.

*Imagen CC By Mataparda.

Si eres un interesado en materias de derechos humanos en el entorno digital, probablemente ya sabes qué es y cuáles son los peligros de la propuesta de legislación federal que está siendo discutida en el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos.

Pero si resulta que aún así vives en Marte, acá una infografía explicativa del problema al que nos enfrentamos, y acá un artículo que escribimos hace algún tiempo explicando por qué en Chile nos debe interesar el destino de la Stop Online Piracy Act (mejor conocida como SOPA).

El debate sobre SOPA ya comenzó en la Comité Judicial y tuvo dos días (15 y 16 de dicembre) de intensa actividad. Y las noticias de ambas jornadas, lamentablemente, no son alentadoras. A pesar de las campañas hechas para que el lobby de propiedad intelectual no triunfe sobre los derechos de los ciudadanos que utilizan Internet, los legisladores norteamericanos se mostraron reacios a comprender los derechos fundamentales que están en peligro al diseñar una ley que protege solo los intereses de la industria hollywoodense.

Así lo confirma el reporte de Alexandra Petri que, elocuentemente, describe el primer día de debate con estas palabras.

“Last night I had a horrifying dream that a group of well-intentioned middle-aged people who could not distinguish between a domain name and an IP address were trying to regulate the Internet. Then I woke up and the Judiciary Committee’s SOPA hearings markup was on”.

En este escenario, los cambios a la propuesta de legislación por parte de los oponentes de SOPA han tenido muy pocos avances y todo parece indicar que el proyecto saldrá adelante sin problemas:

“Opponents, however, made little headway in their efforts to make key changes to the bill. The committee dealt with more than two dozen amendments during two days of debate. And supporters appear to have more than enough support to move the bill out of committee based on the roll call votes on critics’ amendments”.

A esto se suma otra mala señal: si en un proncipio el largo debate se posponía para el 2012, informaciones de última hora confirmaron que se retoma en plenas fiestas navideñas: este 21 de diciembre. Para Sherwin Siy de la organización opositora a SOPA, Public Knowledge, planificar una nueva audiencia cuando muchos legisladores están fuera del Capitolio debido a las fiestas, demuestra una clara voluntad de seguir esquivando las preguntas planteadas por los expertos y el público.

Por lo pronto, todas las campañas en contra de SOPA se enfocan en este 21 de diciembre. Para seguir con más precisión lo que pasa, recomedamos seguir el Twitter de la Electronic Frontier Foundation, @EFFLive. También en nuestro Twitter, @derechosdigital, estamos continuamente linkeando artículos de interés con respecto a #SOPA, pues como lo hemos dicho en otras ocasiones, en este debate se juega parte del futuro de Internet.

*Foto CC BY (Steve Rhodes) NC – SA.

Si los responsables de Cuevana, Taringa, The Pirate Bay, Rojadirecta, entre muchos otros sitios infringen o no las leyes de Propiedad Intelectual vigentes, es un asunto discutible y que será objeto de litigios y acalorados debates en lo sucesivo. Pero es importante tener presente que, además del público como nosotros y los sitios cuestionados, están los titulares (dueños) de los derechos de autor, directos beneficiados por las leyes de propiedad intelectual y cuya conducta comercial y legal es una clara señal de cómo el sistema vigente en esta materia no es capaz de equilibrar los intereses en juego.

Actualmente, las leyes de derechos de autor otorgan a los autores, sin necesidad de registrar su obra ni poner ningún aviso en las mismas, la exclusividad del manejo de determinados usos sobre las obras creadas, tales como la copia, comunicación a público y modificación de las mismas. Esta exclusividad la otorga la Ley, con el objetivo de fomentar la creación y distribución al público de las obras creadas. Al mismo tiempo, sin embargo, estos derechos exclusivos conforman un mal necesario, que para los economistas tiene una denominación clara: monopolio. Cabe preguntarse entonces: ¿logra el monopolio sobre obras intelectuales una mejor creación y difusión cultural, o simplemente incentiva esquemas absurdos de precios y productos de baja calidad?

Mientras la industria de contenidos reclama la distribución no autorizada de sus obras, elude explicar seriamente por qué algunos sitios creados por aficionados han logrado niveles de éxito, publicidad y figuración en Internet que la misma industria podría haber conseguido fácilmente (y no lo ha hecho), toda vez que cuentan con más recursos y un marco legal favorable.

Nuevamente, la respuesta desde la economía es clara: el monopolista carece de incentivos para competir por calidad o escala, sino que tiende a producir lo menos posible al precio más caro posible. La industria cultural no es indiferente a esta tendencia, y la mal llamada piratería digital (y hasta física) desde ese enfoque no es más que una respuesta lógica frente a las fallas que se generan en este mercado, al existir audiencias que desean contenidos de calidad y a precios razonables, y se frustra con las ofertas legales existentes (si es que llega a conocerlas).

En este marco, si un sitio hecho por aficionados y con recursos escasos puede convertirse en un referente regional en materia de distribución de contenidos, cabe entonces preguntarse cuál es el real problema detrás del caso de Cuevana y otros similares: ¿la conducta indebida de unos estudiantes de informática o un monopolio descontrolado sobre las obras artísticas, culturales y científicas?

*[Nota: estamos trabajando en una serie de columnas sobre el caso Cuevana en Argentina, debido a la compleja discusión sobre derechos de autor e Internet que significa. Esta columna es la segunda entrega; la primera es
"A propósito del bloqueo a Cuevana: los derechos humanos en juego"].

**Foto CC BY minor9th NC.