“Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) en relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica”. Así se llama el capítulo uno del reciente libro “Hacia una Internet Libre de Censura: Propuestas para América Latina”, y del que son autores dos de nuestros integrantes, Juan Carlos Lara (investigador) y Claudio Ruiz (presidente de la orgnaización).

La publicación fue compilada por Eduardo Bertoni, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, y ya está disponible en español para descarga.

Como el mismo Bertoni aclara en la presentación del libro, en esta publicación se busca dar cuenta de cómo algunos países de esta parte del continente han abordado legalmente la censura en Internet, ya sea a través de tópicos como la protección de la propiedad intelectual, telecomunicaciones, la protección de datos personales o la neutralidad de la red, entre otros.

El debate, llamado “Discutiendo el TPPA. Una mirada desde los derechos de autor y de los consumidores”, fue cubierto por el diario La República y acá pueden encontrar la interesante nota.

En las próximas semanas se realizará en Perú, la IX Ronda de Negociaciones para la ampliación del Acuerdo de Asociación TransPacífico de Libre Comercio (conocido como TPP o TPPA) suscrito por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur al cual pretenden incorporarse Estados Unidos, Australia, Vietnam, Malasia y Perú.

Promovido por Estados Unidos, este nuevo acuerdo internacional supondrá elevar aún más los estándares de protección en materia de propiedad intelectual en desmedro del derecho soberano de nuestros países a desarrollar un marco regulatorio que equilibre los legítimos derechos e intereses de los diversos sectores involucrados.

Las normas propuestas por Estados Unidos, que se filtraron hace algún tiempo, podrían afectar diversos derechos fundamentales de usuarios y consumidores de los países que están negociando y pueden poner en riesgo la diversidad de expresiones culturales de nuestros países.

Asimismo, dado el carácter secreto de las negociaciones, se desconoce si las propuestas de liberalización de servicios que los países están negociando consideran bienes y servicios de carácter cultural, cuestión que esperamos sea suficientemente resguardada por las delegaciones oficiales a través del establecimiento de excepciones o reservas culturales amparadas en la Convención de UNESCO sobre Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005, de la cual todos los países negociadores son miembros, salvo Estados Unidos.

Para conocer los detalles de esta negociación y sus efectos en Perú y Chile, hemos organizado en conjunto con Gestores Culturales del Perú y U40 Networks una charla informativa que se realizará el lunes 24 de octubre de 2011, a las 16 horas, en el Auditorio Chabuca Granda en el marco de la 32ª Feria del Libro Ricardo Palma (Parque Kennedy – Miraflores), Lima, Perú.

La charla se titula “Derechos de autor, propiedad intelectual y diversidad cultural en riesgo ante nuevo tratado de libre comercio” y contará con la exposición del escritor y comunicador Julio César Vega (Perú), la poetisa y productora cultural Rocío Fuentes Chauca (Perú) y abogado y profesor Daniel Álvarez Valenzuela (Chile).

La actividad es abierta y gratuita, no te la pierdas.

Mayor información sobre el TPP pueden encontrar en nuestros archivos.

Temas como el monitoreo de redes sociales por parte del gobierno, y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de Ley que rechazó el registro obligatorio de usuarios en los cybercafes, son analizados desde una óptica ciudadana y de Derechos Fundamentales.

Estos y otros temas fueron abordados por José Ignacio Gallardo y Francisco Vera en el programa. Los invitamos a revisarlo acá.

Así, el Tribunal revierte la decisión del Congreso Nacional de obligar a los usuarios de cibercafés a renunciar a su derecho a la vida privada -consagrado en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución- si querían acceder a Internet desde dichos establecimientos comerciales ante el hipotético evento que la información personal que registraran fuera útil en la persecución penal de los delitos de pornografía infantil.

Como ONG Derechos Digitales sostuvo ante el Tribunal Constitucional, la creación de un registro de usuarios de cibercafés implicaría un cercenamiento general, abstracto y abierto del derecho a la vida privada de un segmento importante de la población, que además incidiría de forma directa y negativa en el ejercicio de otros derechos y garantías, tales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, por mencionar algunas.

En su voto de mayoría, el Tribunal Constitucional consideró que el registro pondría a los usuarios de cibercafés “gratuita e indiscriminadamente en una inmérita categoría de sospechosos predelictuales, pasibles de ser fichados e incluidos, por ello, en un prontuario potencialmente criminal. A resultas de esto, (…) se produce un efecto inhibitorio injustificado sobre el ejercicio de la libertad personal de los usuarios (…)” y que, en ciertas circunstancias, la intimidad debe ser protegida incluso en recintos públicos cuando las personas ejecutan actos específicos “con la inequívoca voluntad de sustraerlos a la observación ajena”, siguiendo la opinión del destacado jurista Eduardo Novoa Monreal.

Afirmó también el Tribunal Constitucional que si bien Internet es un espacio abierto a todos “los sitios visitados en su recorrido, así como los correos electrónicos y la mensajería instantánea allí producidos, revisten carácter confidencial”, asunto especialmente importante al momento de analizar cualquier medida intrusiva de la privacidad que se pretenda realizar en Internet, ya sea por agentes públicos o privados.

ONG Derechos Digitales felicita y comparte esta decisión, que viene a reafirmar una vez más la necesidad de proteger con especial esmero los derechos y libertades fundamentales de los usuarios de Internet.

Tradicionalmente, los negociadores han rechazado dar a conocer cualquier documentación por la existencia de acuerdos entre ellos en orden a no publicar. Sin embargo, en la reciente ronda de Vietnam, los negociadores aseguraron que los países involucrados en las negociaciones “respetan la transparencia (pública)”, pero que la decisión de dar a conocer los textos corresponde a cada uno de los países. Esto deja la puerta abierta para que organizaciones de la sociedad civil y otros interesados requieran a sus gobiernos el acceso a la documentación en cuestión.

Conocer el estado y contenido de las negociaciones es esencial para resguardar los intereses de los ciudadanos. Es por ello que este martes, ONG Derechos Digitales solicitó acceso a la documentación relativa a los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico de las negociaciones del TPP. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores debería tener lugar dentro del próximo mes. El Gobierno debería brindar acceso, pues la libertad de acción en que los negociadores han quedado evidencia que “no hay razones para mantener secretas las negociaciones”.

Para una versión en español del punto de vista de ONG Derechos Digitales sobre esta comentada noticia, está disponible una columna especialmente dedicada que el director de estudios de nuestra organización, Alberto Cerda, publicó recientemente.

El TPP es una iniciativa promovida por el USTR para profundizar los tratados de libre comercio en la región del Pacífico. Actualmente, las negociaciones incluyen a Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam. Debido al secreto de las negociaciones, nada del TPP es conocido con precisión, salvo el filtrado capítulo sobre propiedad intelectual propuesto por los Estados Unidos. Este capítulo es particularmente importante respecto del derecho a la vida privada y es usualmente el capítulo que suscita más preocupación entre quienes apoyan la privacidad porque él incluye varias medias que afectarían el derecho de las personas a controlar la información de sí mismas.

No existe un nivel similar de protección a la vida privada entre los países envueltos en las negociaciones del TPP. Nueva Zelanda y Perú son probablemente los países con sistemas más robustos de protección; el primero está camino a ser reconocido como un país que provee un nivel adecuado de protección a la privacidad por la Unión Europea, mientras el segundo acaba de modificar su legislación de acuerdo a los estándares de la Unión Europea. Australia, Chile, y Malasia podrían calificarse como países con un nivel de protección intermedio-avanzado, mientras los Estados Unidos calificarían con un nivel de protección intermedio. Singapur no tiene legislación en la materia, pero si normas voluntarias de buenas prácticas que le permitiría calificar como un país con una protección baja. Más preocupante es la protección de la vida privada en aquellos países con un cuestionable compromiso democrático.

¿Cómo el TPP amenaza el derecho a la vida privada? El TPP afecta la protección del derecho a la vida privada al adoptar normas sobre cumplimiento de la propiedad intelectual de dos maneras. Indirectamente, al incrementar la protección de los titulares de derechos (por ejemplo, al otorgar un derecho exclusivo de exportación o extender la duración de los derechos de autor) y, por consiguiente, incrementar las oportunidades de que el derecho a la vida privada sea vulnerado para ver cumplidas las normas sobre propiedad intelectual (por ejemplo, al requerir la identificación de aquellos usuarios de Internet supuestamente infractores). Directamente, al exigir a los países la implementación en su legislación de medidas que amenazan el derecho a la vida privada. Esto último sucede en a lo menos tres grupos de disposiciones en el TPP: aquellas relativas a medidas de protección tecnológicas (MPT), aquellas que exigen que las autoridades locales hagan cumplir la ley de oficio, y aquellas que reglamentan la responsabilidad de los prestadores de servicio en línea.

El TPP va más allá de los instrumentos internacionales sobre derechos de autor en sus propuestas sobre MPT, las que siguen la senda de la legislación estadounidense. Los Tratados Internet de la OMPI requieren a los países adoptar una protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la elusión de las MPT. En cambio, el TPP exige a los países adoptar leyes en contra de la elusión de dichas MPT (normas anti-elusión) y también en contra de la distribución de mecanismos que permiten su elusión (normas anti-distribución), inclusive cuando dicha distribución pueda tener propósitos legítimos. Más aún, el TPP exige la imposición de sanciones criminales en ambos casos, incluso si no existe infracción a los derechos de autor.

A diferencia de las negociaciones del ACTA, la propuesta de TPP incluye algunas limitadas excepciones que permiten la elusión de las MPT, por ejemplo con el propósito de identificar y desactivar un mecanismo de una MPT que afecta la privacidad de un usuario al recolectar o diseminar en forma encubierta información personal que refleje sus actividades en línea. Sin embargo, esta excepción está limitada a las normas anti-elusión y no aplica respecto de las normas anti-distribución, lo cual implica que cada usuario debe arreglárselas por sí mismo para resolver como identificar y desactivar el mecanismo. En palabras claras, si un usuario está interesado en proteger su derecho a la vida privada, él necesitará transformarse en un hacker para poder disfrutar de los beneficios de la excepción. Como resultado de ello, la excepción para proteger el derecho la vida privada es inútil.

El TPP exige a los países que otorguen a sus autoridades aduaneras y de persecución criminal facultades para actuar de oficio para obtener el cumplimento de la leyes sobre propiedad intelectual. De acuerdo a la propuesta de TPP, aduanas debería hacer cumplir la ley no sólo respecto de bienes exportados e importados, sino también respecto de bienes en tránsito o bajo su control por ser sospechosos de infringir los derechos de autor o marcas comerciales. Entretanto, las autoridades de persecución criminal deberían poder hacer cumplir la ley, incluso si los supuestos afectados no reclaman.

Las normas sobre actuaciones de oficio levantan preocupación por el costo público de hacer cumplir leyes que satisfacen intereses meramente privados y, también, por su potencial uso por los gobiernos para hacer persecución política, especialmente en países con un precario sentido democrático o cumplimiento con los derechos humanos. En los pasados meses, autoridades de Rusia y Swazilanda han usado estas facultades de oficio para silenciar el discurso crítico de organizaciones ecologistas y la disidencia política. Desafortunadamente, el TPP no adopta ninguna medida para evitar que las facultades de oficio sean mal empleadas.

La propuesta de TPP exige regular la responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet por cualquier potencial infracción a la propiedad intelectual cometida en línea. Si bien el TPP no requiere que los prestadores de servicio monitoreen a los usuarios, el TPP tampoco lo prohíbe; en cambio, el TPP exige cooperación entre los prestadores de servicio de Internet y los titulares de propiedad intelectual. Esta misma cooperación, sin consideración alguna a los derechos de los usuarios, ha sido la vía para implementar la desconexión de los usuarios de Internet en países como el Reino Unido e Irlanda. Desafortunadamente, el TPP no previene que, bajo los acuerdos de cooperación entre los dueños de la propiedad intelectual y los prestadores de servicio de Internet, estos últimos terminen monitoreando a los usuarios.

Adicionalmente, la propuesta de TPP exige la desconexión de Internet de aquellos usuarios que supuestamente han infringido la propiedad intelectual, la adopción de mecanismos expeditos de notificación y bajada de contenidos supuestamente infractores, y la identificación de los usuarios de Internet por sus compañías prestadoras de servicio, incluso si estas se limitan simplemente a brindar acceso. Estas medidas no están hoy disponibles en todos los países involucrados en las negociaciones del TPP (por ejemplo, Perú no tiene ninguna norma sobre los prestadores de servicio de Internet en su ley de derechos de autor). Otros países han hecho el esfuerzo por armonizar dichas medidas con una adecuada protección del derecho a la vida privada (por ejemplo, Australia y Chile requieren orden judicial para bajar contenidos e identificar usuarios). En cambio, la ley estadounidense, sobre la cual se basa el borrador del TPP, ha sido criticada porque dichas medidas amenazan el derecho a la vida privada, entre otros derechos fundamentales.

Debe recordarse que, durante las negociaciones del ACTA, presumiblemente bajo la presión de las autoridades de protección de datos de la Unión Europea, el ACTA desistió de algunos controvertidas medidas (por ejemplo, la desconexión de usuarios) e incluyó algunas medidas de resguardo para la vida privada. Desafortunadamente, ninguna de dichas medidas de resguardo adoptadas en ACTA ha sido incluida en la propuesta del TPP.

Obviamente, las autoridades sobre protección de la vida privada de los países negociadores deberían analizar la consistencia del capítulo sobre propiedad intelectual del TPP con su legislación nacional vigente, especialmente en aquellos países que gozan de un sistema de protección más fuerte, como Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Chile, y Perú.

Hacer cumplir las leyes de propiedad intelectual puede requerir el procesamiento de información personal, pero eso no significa que el derecho a la vida privada debe ser derogado. En este momento, desafortunadamente, la propuesta del TPP amenaza el interés social implicado en la protección de la vida privada así como otros derechos fundamentales al omitir, cualquier consideración hacia ellos en sus disposiciones.

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Alberto Cerda Silva