Un proyecto de ley que penaliza el intercambio de archivos a través de redes P2P fue presentado la semana recién pasada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto también faculta al Departamento de Justicia para demandar civilmente a quienes hacen uso de tales sistemas. La iniciativa prevé la creación de una nueva unidad del FBI especializada en leyes de propiedad intelectual y que recibiría un financiamiento de 20 millones de dólares anuales.
Las críticas no se han dejado esperar. Los abogados de los consumidores reprochan la decisión de comprometer fondos públicos para resguardar los intereses de un pequeño número de compañías del entretenimiento. Ya el año 2004, un proyecto similar se había presentado al Senado, sin que fuese finalmente adoptado. Entonces, Electronic Frontier Foundation calificó la iniciativa como “otro intento de hacer financiar a los contribuyentes por la errática guerra contra los sistemas de intercambio de archivos”.
En los últimos años y en diversos países, la industria de la entretención ha presentado diversas demandas contra los usuarios de redes P2P, con la esperanza de poner freno al desmoronamiento de su anacrónico modelo de negocios consistente en la venta de soportes. Esto no sólo ha despertado el malestar de los propios usuarios, sino también de diversos artistas, quienes ven en la persecución de sus seguidores una barrera artificial levantada por la industria.
En Chile, un proyecto de ley destinado a incrementar las penas para los ilícitos contra los derechos de autor se discute en el Congreso. Sin embargo, no sólo delitos debe ser el tema de interés de la ley, sino también como garantizar acceso a las personas para participar de los progresos de la ciencia, las artes, la cultura y la tecnología. En ese sentido, esta semana la Comisión de Educación del Senado recibirá a diversas organizaciones para conocer su opinión sobre la materia, entre ellas el Colegio de Bibliotecarios, la Asociación de Editores, Creative Commons Chile y ONG Derechos Digitales.
