En Argentina, la discusión sobre el equilibrio entre la protección a los derechos de autor y el acceso al conocimiento (A2K) por parte del público, este año ha estado en pleno desarrollo y con más de alguna polémica. Uno de los puntales de esta discusión la llevan los académicos, debido probablemente a los acontecimientos ocurridos en los últimos meses.
Uno de los más relevantes, claro, es el “caso Potel”, referido a Horacio Potel y la demanda que se le ha hecho por subir a Internet textos de filosofía de interés académico y sin fines de lucro, de autores como Derrida o Heidegger. Acción judicial que, por cierto, sigue en curso y que, lamentablemente, hasta ahora ha tenido resultados negativos para el académico Potel. Esto ha significado diversas muestras de apoyo en la opinión pública argentina, la última proveniente del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los que con una carta han repudiado el procesamiento del profesor.
Pero también la polémica se ha radicado en el acuerdo firmado por la UBA con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra), que regula la emisión de fotocopias en todas las sedes académicas de la universidad, a través del pago de licencias y, por si fuera poco, estableciendo que sólo podrá reproducirse hasta el 20% de un libro, o un capítulo completo; y en el caso de las revistas, un artículo entero sólo con fines educativos.
La polémica no se ha hecho esperar y es encabezada por el destacado escritor y académico argentino Daniel Link. En una columna para Perfil, en mayo de este año, aclara:
Lo que preocupa realmente es que una universidad, sin consulta previa a los expertos en el tema que se cuentan en su seno, suscriba un acuerdo miserable de transferencia de recursos del sector público al sector privado, tomando como objeto una práctica caduca. El fotocopiado ya no se utiliza sino marginalmente para estimular los aprendizajes de los alumnos universitarios, hoy afortunadamente apartados de la acumulación inmunda de papeles “reprografiados” (que no aguantan el paso del tiempo y que, precisamente por eso, jamás fueron competencia para el libro), gracias a la proliferación de excelentes y democráticas bibliotecas digitales y gratuitas. Con el acuerdo que acaba de firmar, la UBA se compromete a realizar desembolsos dinerarios por absolutamente nada, en lugar de utilizar esos dineros en reforzar las partidas más sensibles de su presupuesto de agonía.
Y claro, en este noviembre Link vuelve a contraatacar, esta vez por el cierre del proyecto Bibliofyl, iniciado por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que digitalizaba y organizaba la multitud de apuntes, libros, o transcripciones de las grabaciones de teóricos utilizados por los alumnos de las carreras que se cursan en esa Facultad. La iniciativa debió ser bajada de Internet “debido a una intimación realizada a la empresa El Server (donde se hospeda el sitio) por una presunta violación a las leyes de “Propiedad Intelectual” (11.723) y de “Fomento” del Libro y la Lectura (25.446)”. Esta vez, Link comenta a los alumnos que encabezaron este proyecto:
Les traslado mi solidaridad, les recomiendo que elaboren un censo: que cada escritor, cada investigador y cada docente (Beatriz Sarlo ya lo hizo) se pronuncie en relación con esa “caza de brujas” que llevan adelante abogaduchos de pacotilla (personas infelices que festejan como un triunfo personal cada biblioteca cerrada sin advertir que, en su lugar, se levantan por lo menos tres, en servidores cada vez más remotos y, por lo tanto, fuera del alcance de sus zarpas). ¿No deben darnos pena, con sus caprichos anacrónicos que ignoran al mismo tiempo el milenarismo y la mundialización?
Como se aprecia, todos los casos hasta acá presentados ocurridos en Argentina son ejemplificadores de cómo ciertas industrias que concentran monopolios de derecho de autor, no toman como opción adaptarse a los nuevos modelos de negocios que presentan como desafío las nuevas tecnologías digitales, sino que a través de la criminalización del público tratan de rentabilizar un negocio moribundo. Tanto, que ya en el 2005 Cadra Argentina admitió públicamente su rechazo a la iniciativa Open Access, este último, un movimiento que a pesar de que “desalientan el respeto al derecho de autor” según Cadra, en los últimos años se internacionaliza y se hace cada vez más popular. Al parecer, los hechos desestiman las campañas del terror.
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