Diversas organizaciones de la Sociedad Civil acudieron al Congreso a expresar sus puntos de vista ante el proyecto de ley sobre derechos de autor, y cómo el impactará en el funcionamiento de bibliotecas y empresas editoriales nacionales.
El jueves 17 de mayo, la Comisión Mixta de Cultura y Economía de la Cámara de Diputados recibió a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para conocer su juicio en relación con el proyecto de ley presentado por el Gobierno para modificar la ley de propiedad intelectual, el que días atrás había anunciado públicamente la Presidente de la República.
El proyecto de ley busca modificar sustantivamente la actual ley sobre derechos de autor, incorporando excepciones y limitaciones, estableciendo un régimen de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet ante infracciones a los derechos de los creadores, incrementando las penas para los delitos y fijando nuevas normas de procedimiento para su tramitación judicial, entre otros puntos.
Sobre el particular, Paulo Slachevsky, representante de la Asociación de Editores de Chile, felicitó la iniciativa gubernamental, pero a la vez llamó la atención sobre la lógica comercial subyacente en el proyecto, lo cual trae aparejado ciertos inconvenientes que sería necesario subsanar, tal como una adecuación del sistema de penas que distinga según el tipo de bienes sobre el cual recae una infracción (libro, música o software). Del mismo modo, llamó la atención sobre la necesidad de disponer de una política pública del libro integral, más allá de las modificaciones que suponga este proyecto de ley.
Por su parte, Claudia Cuevas, Presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, junto con valorar la iniciativa, en especial porque equilibra los intereses de usuarios, creadores e industrias culturales, formuló ciertas indicaciones al proyecto, pues su actual texto limita las excepciones para bibliotecas sólo a aquellas de acceso público dejando excluidas peligrosamente a las bibliotecas asociadas al sistema escolar en todos sus niveles (enseñanza básica, media y superior), así como a bibliotecas que satisfacen fines no lucrativos y que tienen un acceso restringido, como las de CONICYT, la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso Nacional, por mencionar algunas.
Finalmente, Gabriela Ortúzar, Presidenta de la Comisión Asesora de Bibliotecas del Consejo de Rectores, que aglutina a las 22 universidades tradicionales del país, junto con reafirmar la observación hecha por el Colegio de Bibliotecarios, aludió al rol de los establecimientos de educación superior y cómo las modificaciones propuestas por el Gobierno pueden afectar ciertos casos usos y prácticas habituales en el país y que otros países han validado, tales como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá y México.
Todas y cada una de las intervenciones y aportes de los asistentes fueron valoradas tanto por el Presidente de la Comisión Parlamentaria, como por la Ministra de la Cultura, Paulina Urrutia. La sesión concluyó con la aprobación por unanimidad del proyecto en general, para, en posteriores sesiones, seguir discutiendo el proyecto artículo por artículo, a fin de hacerse cargo de las indicaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil presentes en la ocasión.
