International Property Watch informa que esta semana se habrían iniciado en Ginebra tratativas formales encaminadas a lograr un nuevo acuerdo de observancia global de la propiedad intelectual. El documento conocido como Acuerdo Comercial Antifalsificación surgiría a proposición de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Suiza, y contaría con el entusiasta apoyo de funcionarios del gobierno australiano. Según el Departamento Australiano de Asuntos Exteriores y Comercio (DAFT) el acuerdo sería “una nueva norma de observancia de la propiedad intelectual para combatir los altos niveles de comercio de productos falsificados y pirateados en todo el mundo”.
Si bien no se ha publicado oficialmente parte alguna del documento, la semana recién pasada, se filtró a través de Internet un documento de debate en que se incluyen varias medidas tan polémicas como riesgosas. A un reforzamiento de la cooperación internacional mediante órganos de coordinación se sumaría la aplicación de medidas de frontera que permitan impedir la importación, exportación y transporte de mercaderías “sospechosas” de infringir los derechos de propiedad intelectual, así como la facultad de los titulares de bloquear en la frontera el ingreso de mercaderías “sospechosas”. Otra de las polémicas propuestas permitiría a los titulares de derechos o a la autoridad producida una “notificación efectiva” de una posible infracción, obtener de los prestadores de servicios de Internet información sobre la identidad de presuntos infractores. Además, se busca penalizar la facilitación no lucrativa del intercambio de información no autorizada en Internet, criminalizando a sitios como The Pirate Bay, aquellos que ofrecen Bit Torrent y hasta ciertas iniciativas Wiki.
El secreto que ha caracterizado a las negociaciones es visto con sospecha por investigadores como el canadiense Michael Gaist, para quien este acuerdo supondría una aproximación de Canadá a la legislación estadounidense, que iría en desmedro de otros derechos. Por su parte James Love señala que “sería agradable tener más transparencia sobre un acuerdo comercial global de tal envergadura e importancia”.
Algunos perciben en esta negociación un intento de cambiar el criterio seguido por jueces y el Parlamento Europeo, para quienes compartir archivos por Internet no es equiparable a los delitos graves.
Un acuerdo de estas características ratificaría la riesgosa tendencia de discutir los temas de derechos intelectuales teniendo a la vista exclusivamente intereses comerciales, sin ponderarlos con los derechos de las personas. No debiera sernos indiferente que en las negociaciones de estos acuerdos no aparezcan los países en desarrollo, sino hasta ser “invitados” a unirse, sin mayor margen de maniobra. También nos dice algo el hecho que las propuestas no se aborden en foros mundiales, como la WIPO o la OMC, donde sin duda provocarían mayor controversia. Y, para nuestro país resulta especialmente delicado poner atención en épocas como esta: cuando comienza a discutirse en serio sobre equilibrio en el acceso al conocimiento y la protección a los titulares de derechos de autor.
