Para la industria musical española no solo es potencial delito que un ciudadano descargue música, si no también es un delincuente la persona que crea los programas para hacerlo. En contra de cualquier discurso de innovación, I+D (investigación y desarrollo) o economía de la información, esta semana Promusicae - entidad que representa a las principales compañías musicales españolas- y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony BMG, demandaron a Pablo Soto, músico y creador de programas P2P, por más de 13 millones de euros.
Soto, cabeza de la compañía MP2P Technologies, declaró en un comunicado de prensa que “Promusicae intentó plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P”.
Efectivamente, la demanda de la industria musical parece relevar toda consideración de la neutralidad de la red y culpa a la tecnología misma como conspiradora a sus intereses. Con este argumento, Soto confía que la demanda no podrá tener futuro:
“En Manolito P2P explotamos tecnología, distribuimos software y obtenemos ingresos. Hacemos investigación y después la explotamos. No es ilegítimo y ni ilegal. Ante un atropello, nadie denuncia al fabricante del coche. Y no se puede esgrimir como un argumento que el fabricante ha ganado mucho dinero con la venta de lo que hace. Lo mismo ocurre en nuestro caso”.
Acorde a las campañas del terror que en varios países ciertas industrias culturales han montado, la potencial criminalización del los usuarios parece ser el lema. En este caso también se puede observar el mismo fenómeno. Es cosa de ver cómo se llegó al monto de la demanda. Trece millones de euros calculados a partir de que los programas P2P de Soto han sido bajados por alrededor de 20 millones de usuarios, por lo que la industria musical calcula (!) que cada uno de esos usuarios habría descargado al menos una canción de la que ellos tienen los derechos, por ende, como valoran cada canción en un dólar, el resultado de la multiplicación es de 20 millones de dólares y el resultado final de la equivalencia es de 13 millones de euros.
Por lo demás, Soto defiende las tecnologías P2P como canal de distribución para los músicos que no son considerados por la industria musical o que simplemente quieren que su música sea descargada más allá de las consideraciones del copyright. Por eso no se cuida al momento de criticar a las discográficas:
“Destruyen todo lo que no pueden controlar. Muchos músicos que hacen creaciones con licencias copyleft (de libre distribución) necesitan canales como el nuestro. No tienen acceso a los canales convencionales porque están monopolizados por empresas como éstas”.
En este sentido, Soto problematiza muy bien hasta dónde la industria discográfica ayuda legítimamente a la protección de los derechos de autor y cuándo ese hecho pasa a ser simplemente un monopolio comercial que se sustenta en impedir el acceso a la cultura por cualquier medio. En una entrevista al diario Público de España, se le pregunta a Soto sobre la supuesta incompatibilidad entre su calidad de músico y de creador de tecnologías P2P, ante lo que responde:
“…esa idea se tiene gracias a las campañas de publicidad que hacen las entidades gestoras de derechos de autor. No sólo soy músico, también tengo mi propia discográfica, Blubster Records. El negocio de la música es una cosa y el acceso a la cultura, otra muy distinta. Me parece bien que la industria defienda sus ingresos, pero la única forma de defender el arte es compartiéndolo con la gente. El objetivo que tengo como músico es que lo que hago guste a la gente y cuanta más gente lo disfrute, mejor. Naturalmente, tienes que comer, pero eso se consigue tocando en un escenario. Por desgracia, sólo viven bien de sus conciertos aquellos artistas a los que apoya una gran discográfica. Si eso cambia, hay mucho dinero para los músicos que tocan en directo”.
Aunque tenga poco futuro esta demanda contra Pablo Soto, resulta interesante el hecho en tanto se comprueban dos señales que cierta parte de la industria cultural ha estado dando desde hace un tiempo. Lo primero, es que se continúa con la criminalización a cualquier persona o cosa (tecnología) que atente contra sus intereses económicos, enmarcado en una política donde cada ciudadano con banda ancha se presume culpable. Y en segundo término, la nula visión económica para entender que el negocio de la música “analógica” está cambiando por lo que urge -en vez de estar ideando campañas del terror que persiguen el status quo- aunar voluntades para idear nuevas fórmulas económicas que hagan sustentable su negocio.
