Entre tantas campañas del terror enmarcadas en la piratería solo como una problematización delictiva, pero lejanas a ampliar las perspectivas culturales y sociales del hecho, es muy refrescante encontrarse con las opiniones de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH). Estos, a través de su presidente, Reynaldo Lacámara, sitúan el problema no en la criminalización de los consumidores de la piratería, si no en las condiciones del mercado cultural que en la actualidad existen en Chile. En declaraciones a EFE, Lacámara expresó:
“Antes en Chile se leía mucho y el precio de los libros era asequible a grandes sectores de la población; hoy comprar un libro es caro y se ha ido perdido la costumbre de leer, que es lo más patético y terrible”. Más adelante, expresa que la piratería “va a seguir existiendo si no se ataca en profundidad el problema de los altos precios y no se incentiva la lectura”.
La SECH sostiene que el problema de la piratería podría disminuir si el Gobierno se decidiera a rebajar o suprimir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aplica actualmente a los libros, que es del 19%. Lacámara continúa:
“El Gobierno dice que no es el principal motivo de la escasez de lectores y puede que así sea, pero una rebaja del IVA de los libros mostraría una voluntad política clara de las autoridades en el sentido de que el mercado no impera sobre la necesidad de educación”.
Aunque parezca extraño no pensar que los libros más caros afectan el acceso al conocimiento y la cultura de los ciudadanos, la posición de la SECH no es común incluso en otros organismos parecidos alrededor del mundo. Como bien demuestra el blog Papel en Blanco, a principios de este año en España, la presidenta de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), Montserrat Conill, sostuvo que, en contra de “la insidia propagada por algunos bibliotecarios”, el canon por el préstamo de libros en las bibliotecas no es una carga económica que lastre la lectura, sino “una conquista social”; y que la “copia privada no es un derecho del usuario” (Fuente: El País).
Con la posición del SECH se reconoce que el incentivo a la lectura -que tanto se empecina en el Ministerio de Educación- no puede ser logrado sin una voluntad política de comprender que el uso de la piratería es una infracción legal pero también un síntoma que puede indicar los intrincados accesos a la cultura y el conocimiento que hoy los chilenos sufrimos cuando comprobamos, una y otra vez, los elevados precios de los libros. Finalmente, todo se trata de una regulación equilibrada entre derechos de autor y acceso a la cultura.
